Desde que tengo memoria, viajo en la Línea 30. De hecho, cuando era apenas un infante, para mí cualquier ómnibus era “30", como si ese número mágico fuera un sustantivo que denominara a todo el parque automotor del transporte público. Para cualquier luqueño, “El 30" es un puente cotidiano con Asunción, con el mundo laboral, sobre todo. Es el colectivo de los trabajadores, de los obreros y profesionales que todos los días cruzan Madame Lynch para llegar a sus puestos de trabajo o volver de ellos, en medio del infierno de un tráfico que hace palidecer de vergüenza a la congestionada Autopista del Sur, del cuento de Julio Cortázar.
Son trabajadores quienes viajan mayoritariamente en “El 30", así como laburadores son, por supuesto, quienes manejan los buses. Y estos son los que están en huelga desde hace dos meses, acampados frente a la parada y el local de las oficinas de la empresa Vanguardia, que los emplea y que despidió a ocho de ellos injustificadamente, entre los que se encuentran tres trabajadores con fueros sindicales. Precisamente, el origen de la cesantía está, según denuncian quienes se han crucificado como medida de fuerza, en la afiliación de algunos choferes a uno de los sindicatos de la empresa, acaso el menos condescendiente con los intereses patronales. Este sindicato denuncia una serie de irregularidades con respecto a los derechos laborales.
Vanguardia asumió el carácter injustificado de los despidos y estuvo dispuesta a indemnizar, más tarde a reincorporar a los que tienen fueros sindicales, finalmente a reponer a seis de los ocho cesados, pero los choferes exigen la reincorporación de todos los despedidos, bajo la figura del derecho al trabajo, alegando que la empresa no pasa por ningún malestar económico como para prescindir de ellos. Esta dice que puede elegir a quién contratar y a quién no.
Por un lado, es increíble la facilidad con que se olvida que la huelga es un derecho básico de los trabajadores. Sucede ahora y sucedió hace poco con los docentes. Incluso, es raro que no haya sucedido aquí lo de siempre: que se declare ilegal la huelga, para lo cual hay algún juez por allí que se ha especializado en “romperlas” desde su atalaya judicial. En segundo lugar, el carácter profundamente político de la reivindicación de los choferes: derecho al trabajo. Más básico y ejemplar aún que el de la huelga.
Los usuarios de los colectivos sufren las consecuencias, se suele decir. Es cierto. Pero creo que las consecuencias las sufren los trabajadores en general, los que manejan los colectivos y los que pagan su pasaje. No tengo noticias de que el privatizado sector del transporte haya perdido alguna vez algo. Por eso, prefiero simpatizar con quienes tienen el volante y con quienes viajan todos los días en la mitología urbana trabajadora de la Línea 30.
