La extensión del periodo para el cálculo de las jubilaciones, que pasará de 3 a 10 años (promedio de los últimos 120 meses) es el aspecto más relevante y criticado que establece la nueva ley.
Además, se establece que la base de cotización de los últimos 36 meses inmediatamente anteriores a la concesión del beneficio será calculada con base en su valor nominal.
Entretanto, se define que los meses restantes que anteceden al periodo señalado en el inciso serán actualizados con la evolución del índice del precio al consumidor (IPC), desde el mes 37 hasta el mes correspondiente a 120.
Además, el texto establece una reingeniería financiera para el IPS. Para el efecto, se proyecta recuperar el porcentaje del aporte obrero-patronal que se envía a otras instituciones y se busca regularizar unos 1.100 inmuebles.
Las modificaciones que propone con relación al ámbito de la salud son, primero, que los recursos utilizados para el fondo de administración se destinen al fondo de salud. Segundo, es que se redestinará al fondo de salud el 2,5% de aportes que anteriormente iban para el SNPP.
De acuerdo con lo expuesto por la previsional en su exposición de motivos, este proyecto responde a la necesidad de adaptar el cálculo de las jubilaciones a un esquema que refleje de manera más adecuada el historial salarial de los asegurados.
CRÍTICAS. Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista, aseguró que el nuevo sistema de cálculo de jubilaciones solo perjudicará a los trabajadores. El sindicalista considera que esta iniciativa constituye un atropello hacia el derecho de los trabajadores.
“Nunca se ha dado en el proceso democrático, ni siquiera en la dictadura, atropellos similares a los derechos de los trabajadores. En un solo año se aprobaron varias leyes que atentan contra los intereses de los obreros”.
Ojeda aseguró que con este nuevo promedio de cálculo los trabajadores serán perjudicados, principalmente para los jornaleros. Afirmó que se privilegia la corrupción, ya que no se analiza el uso de los fondos de jubilaciones, entre otros.
“Esto violenta la Constitución Nacional y es un atentado contra la democracia del Santítere Peña. Creemos que esto tiene mucho que ver con las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial, que son organismos que tienen dominio sobre nosotros”, dijo.
Por otro lado, Pedro Halley, de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, dijo a ÚH que la ley tiene como positivo establecer una reforma paramétrica en el cálculo de jubilaciones. No obstante, afirmó que este ajuste permitirá peores jubilaciones.
“El mecanismo de ajuste es la aplicación nominal del índice de precios al consumidor (IPC), que no refleja ni compensa el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados. Las jubilaciones serán peores”, manifestó.
Comentó que con relación a otros ajustes como el que se refiere al aporte patronal, dijo que le parece “excelente” para fortalecer el seguro de salud. No obstante, enfatizó en la necesidad de controlar el uso del dinero.
