Por Lucho Alvarenga
VILLA HAYES
El proceso de privatización de Aceros Paraguayos (Acepar), que se inició en 1997 y la dejó prácticamente en ruinas, recibió ayer un golpe de timón. Ayer se concretó la intervención de la industria del acero anunciada por el Ejecutivo, que podría derivar en su retorno al poder del Estado.
El procurador Roberto Moreno encabezó la comitiva que ayer se presentó en la siderúrgica de esta localidad, donde se procedió a comunicar la intervención a los directivos del consorcio paraguayo que administra Acepar desde abril pasado.
Moreno explicó que el juez en lo Civil y Comercial, Agustín Cáceres Volpe, dictó la medida cautelar de intervención y administración judicial de Acepar, que fue solicitada tal cual lo había informado el presidente de la República, Horacio Cartes, semanas atrás.
Aclaró que esta medida está prevista en la ley de privatización y en el contrato de la acería. “Con esto se determina la exclusión del directorio actual de Acepar y su sustitución por el interventor, que es el ingeniero José Luis Vinader, quien reúne las condiciones morales y también profesionales para ocupar el cargo”, recalcó.
Subrayó que Vinader tendrá el cien por ciento de respaldo del presidente Cartes, a fin de ver qué es lo que pasó en Acepar y una vez que tenga la visión tomarán las acciones pertinentes.
Destacó la predisposición y actitud de los actuales accionistas mayoritarios de la firma Cerro Lorito, a fin de hacer el traspaso de mando.
SITUACIÓN. Sobre cómo queda y qué pasará con la acería, el procurador explicó que el cien por ciento de las acciones de Acepar fueron vendidas en 1997, de las cuales el 66 por ciento quedó en poder de Cerro Lorito y 33 por ciento fuer para la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cotrapar”.
Precisó que este contrato de compra-venta de acciones tenía una cantidad de cláusulas y obligaciones que se tenían que cumplir. “Para resumir, hoy deberíamos estar entrando acá a una empresa modelo. Eso era lo que se habían obligado los anteriores propietarios de Acepar. Eso está a la vista y es de público conocimiento que no sucedió”, enfatizó.
Agregó que recurrieron a un mecanismo establecido en el contrato y pidieron la rescisión del contrato, con lo cual este queda sin efecto y las acciones vuelven al Estado paraguayo, en el marco de un procedimiento arbitral que se inició el lunes pasado.
Moreno dijo esto puede terminar en que el laudo arbitral haga lugar a la demanda del Estado y este se quede definitivamente como dueño de las acciones. También dijo que la otra posibilidad es que exista predisposición de hacer una rápida negociación de las partes en juego.