Una de las principales exigencias de sectores ciudadanos ante la nueva versión del proyecto de ley de reglamentación de pérdida de investidura –más conocida como ley de autoblindaje o de “autobandidaje”– aprobado recientemente en el Congreso Nacional, es la que los directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) también plantearon al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante una audiencia, el martes último: que vete el nuevo intento de impunidad de los legisladores ante hechos de corrupción.
Tanto el anterior presidente, Horacio Cartes, como el actual ya habían vetado versiones anteriores del mismo intento de usar la ley para proteger las fechorías de varios diputados y senadores que están en la mira de la Justicia. Cartes lo hizo en marzo de 2018 y Abdo Benítez lo hizo contra otra versión en setiembre de 2018.
A pesar de las reiteradas movilizaciones y protestas en contra de sectores ciudadanos, los legisladores han vuelto a aprobar una última versión de la ley, que ahora debe ser sancionada o vetada por el Poder Ejecutivo. De este modo, si en la Cámara de Senadores se necesitaban 13 votos para remover a un legislador corrupto, ahora se necesitarán 23 votos, según la nueva ley. Igualmente, si en la Cámara de Diputados se requerían 22 votos para la pérdida de investidura, ahora se necesitará contar con 41 votos.
Al igual que sus versiones anteriores rechazadas, esta nueva normativa es también claramente inconstitucional y constituye otro grave retroceso para el proceso de saneamiento de las instancias políticas democráticas por el que sectores de la ciudadanía, que están hartos de la corrupción, vienen luchando desde hace tiempo.
Mediante las denuncias e investigaciones periodísticas acerca de los casos de corrupción que envuelven a autoridades, funcionarios públicos y dirigentes políticos, que han dado pie a las protestas ciudadanas, en menos de un año ya han sido cinco los legisladores expulsados de sus cargos o que se han visto forzados a renunciar, ante acusaciones de cometer tráfico de influencias y otros delitos, protagonizando una etapa de transparencia y moralización política sin precedentes.
Como nunca antes, han podido ser echados del Congreso el senador colorado Óscar González Daher, el senador del Partido Unace Jorge Oviedo Matto, el diputado colorado José María Ibáñez, el senador colorado Víctor Bogado y el senador liberal Dionisio Amarilla, todos ellos envueltos en acusaciones por casos de corrupción. Para evitar que esto siga ocurriendo, han recurrido a esta nueva versión de la ley de autoblindaje, para evitar que otros legisladores también procesados o investigados puedan ser expulsados.
Los reclamos ciudadanos tienen ahora un fuerte espaldarazo en el pedido hecho por el gremio de los industriales al presidente. Tal como lo señaló el titular de la UIP, si los legisladores “utilizan su derecho de modificar las leyes en su propio beneficio, está muy mal. Toda la ciudadanía debe estar en desacuerdo”.
La necesidad de mayor transparencia y de fortalecimiento de las instituciones democráticas exige que los legisladores puedan rendir cuenta de sus acciones irregulares o delictivas. Para que eso pueda suceder, el presidente Abdo Benítez debe vetar la inconstitucional ley de autoblindaje.
