El Poder Ejecutivo, mediante los decretos 225 y 227, decidió vetar dos leyes sancionadas por el Congreso, cuyo objetivo era aumentar la rigidez de los gastos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de la Defensa Pública.
Las normativas vetadas establecían reprogramaciones presupuestarias por un total de G. 6.145 millones (USD 1,05 millones). Esos recursos fueron destinados en el Presupuesto General de la Nación (PGN), inicialmente, al pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua y teléfono); sin embargo, la idea parlamentaria era redestinarlos principalmente a la creación de nuevos cargos.
En la argumentación plasmada en los decretos 225 y 227, el Ejecutivo remarca que estos pedidos no fueron canalizados a través del Ministerio de Hacienda, por lo tanto, no cuentan con un dictamen técnico.
Asimismo, explica que un aumento en los gastos rígidos no es sostenible financieramente en los siguientes ejercicios, considerando que su impacto año completo será mayor y no se tuvo en cuenta la real capacidad de financiamiento de la Tesorería Nacional, a lo que agrega que uno de los propósitos de Hacienda es preservar la sostenibilidad fiscal del Estado.
Mensaje. El Gobierno se había mostrado preocupado por los sucesivos proyectos de ley que habían sido aprobados por el Congreso sin el consentimiento del Fisco.
Tras reunirse con el presidente Mario Abdo Benítez, el ministro de Hacienda, Benigno López, había manifestado el viernes pasado su malestar por las ampliaciones y reprogramaciones que no contaban con sustento técnico, instando a los parlamentarios a tener en cuenta la capacidad de ingresos y el escenario complicado que viven los países vecinos en la actualidad.
De acuerdo con los datos de la cartera, de cada G. 100 que recauda el Estado, G. 92 van destinados a los gastos rígidos. De esos G. 92, lo que se gasta exclusivamente en el pago de salarios alcanza los G. 66 (ver la infografía).
De enero a agosto de este año, los gastos públicos alcanzaron los G. 19,3 billones (USD 3.318 millones), lo que equivale a un crecimiento del 10,1% con respecto a lo registrado en el 2017.
En lo que va del 2018, la Administración Central mantiene un déficit fiscal de G. 1,1 billones (USD 198 millones). Esta cifra equivale al 0,6% del producto interno bruto (PIB) base 94.
