El Departamento del Tesoro de EEUU identificó a los tres paraguayos sancionados como Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores de abusos de derechos humanos y de corrupción en el mundo.
También sancionó a tres empresas propiedad de Khalil Ahmad Hijazi, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones SA, Apolo Informática SA y Mundo Informático Paraguay SA; a una controlada por Mohamed Mohamad Hijazi, España Informática SA (registrada en Paraguay); y a otra de la que Doldán es dueña, Mobile Zone International Import-Export SRL.
EEUU explicó en su nota que Kassem Mohamed Hijazi lleva trabajando como despachante en Paraguay desde al menos 2017 y que es el presunto jefe de una organización de lavado de dinero basada en Ciudad del Este.
Según el Tesoro, este sancionado tiene “fuertes lazos” con políticos, policías, fiscales y dueños de compañías de cambio de dinero en esa localidad, que le proporcionan protección y poder económico para operar en la zona.
Asimismo, según el Gobierno de EEUU, tiene conexión con funcionarios del Ejecutivo paraguayo, lo que le permite que no se adopten acciones judiciales contra su organización ilegal.
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Como “despachante”, agrega el Tesoro, Kassem Mohamad Hijazi, emplea firmas de importación y exportación, como España Informática SA, para llevar mercancías desde EEUU y venderlas en Paraguay.
El dinero que obtiene de este negocio lo canaliza a través de oficinas de cambio y bancos en Ciudad del Este para enviarlo a EEUU, China y Hong Kong, entre otros lugares.
Hijazi usa España como base para coordinarse con proveedores de EEUU y China para importar equipamiento electrónico a Paraguay, evadiendo impuestos y para lavar dinero con esta actividad.
El Tesoro explicó que en el caso de Khalil Ahmad Hijazi lo sanciona por “haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para artículos o servicios o en respaldo a Kassem”.
Por su parte, el Tesoro identifica a Doldán como una de los socios de Kassem Mohamad Hijazi y afirma que es intermediaria en el envío de mercancías desde EEUU.
Washington indica que los intermediarios pagan sobornos a los trabajadores de los puertos, despachantes y otros responsables de las aduanas paraguayas para tramitar importaciones y exportaciones a través de los puertos de entrada a Paraguay.
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El Gobierno de EEUU recordó que Doldán y su red fueron objetivo en 2019 de una operación anticorrupción en Paraguay, desarrollada en Ciudad del Este y en Asunción.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta mujer presuntamente empleó su empresa, Mobile Zone International Import-Export SRL, para comprar artículos de una firma con base en Miami (Florida, EEUU) y luego enviar esos bienes a empresas pantalla en Paraguay.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que las sanciones “representan un esfuerzo gubernamental global para combatir la corrupción en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay”.
Como consecuencia de esta medida, quedan congelados los activos que estas personas y entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con instituciones financieras de EEUU.
Doldán había sido sobreseida provisionalmente
El juez José Agustín Delmás había otorgado el sobreseimiento provisional a Liz Paola Doldán, junto con otras 13 personas. Fue la Fiscalía misma la que solicitó la suspensión condicional del procedimiento para los procesados.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera habían pedido al mismo juez la suspensión condicional del proceso a nueve imputados, el sobreseimiento de seis de ellos y acusaron a un procesado en el caso de supuesto megalavado por USD 678 millones.
Liz Paola Doldán había sido una de las beneficiadas. El juez Delmás, en cambio, negó el pedido de la defensa de sobreseimiento.
