“Cada víctima adicional de esta campaña de violencia e intimidación mina aún más la legitimidad de Ortega. Instamos a Ortega a que cese de inmediato su represión contra el pueblo de Nicaragua”, dijo en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
El Gobierno de EEUU, que ha sido muy crítico con Ortega, reiteró su petición para que se celebren elecciones “anticipadas, libres, justas y transparentes” como vía para salir a la crisis que ha dejado más de 360 muertos en tres meses, según cifras de organizaciones humanitarias.
En su nota, la diplomacia estadounidense condenó “los continuos ataques de la para-policía de Daniel Ortega contra estudiantes universitarios, periodistas y clérigos en todo el país”, aunque no mencionó la violencia contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua.
La UNAM, que estaba bajo control de los estudiantes, sufrió el viernes y durante el fin de semana el asalto de grupos paramilitares, respaldados supuestamente por el Gobierno de Ortega.
El Departamento de Estado también condenó “la detención arbitraria” de líderes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos involucrados en el diálogo con el Ejecutivo nicaragüense, donde la Iglesia Católica actúa como mediadora.
El 5 de julio, Estados Unidos sancionó por su participación en la violencia en Nicaragua al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega, así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y a Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua.
Esos individuos han visto congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tienen prohibido hacer transacciones financieras en territorio estadounidense.
Además, EEUU ha revocado visados a funcionarios y otros individuos por violaciones de derechos humanos.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron en abril por unas reformas fallidas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del presidente, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
