Redacción Regional
CIUDAD DEL ESTE
La Junta Municipal de Ciudad del Este rechazó por mayoría el pedido de préstamo de G. 8.000 millones solicitados por la intendenta municipal Sandra McLeod de Zacarías para cubrir compromisos de fin de año, como el pago de salario y aguinaldo al personal municipal, argumentando que el Municipio se encuentra en etapa de baja recaudación.
La mayoría consideró que el Municipio ya no se encuentra en condiciones de seguir endeudándose. La solicitud fue remitida al legislativo a principios de octubre a través del mensaje de la Intendencia, número 451 y fue derivado a comisiones para su estudio. Ayer se realizó la sesión ordinaria semanal y se presentó un solo parecer, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y de la Comisión de Legislación, recomendando su rechazo.
Votaron por la aprobación del dictamen, que recomienda el rechazo del préstamo, los concejales Teodoro Mercado, María Portillo, Javier Bernal (Partido Liberal), Celso Miranda y Miguel Prieto (Independientes), Herminio Corvalán (Tekojoja) y Lilian González de Aguinagalde (Colorada). Y como era de esperarse, la bancada oficialista, votó por el rechazó del dictamen. Se trata de los concejales Alejandro Zacarías, sobrino de la intendenta; Miguel Ángel Coronel, Perla de Cabral y Nery Chávez.
El mensaje del Ejecutivo señala que el préstamo será destinado “al pago de los servicios personales o sea el salario del personal permanente y contratado”. Menciona que se “amortizarán con los ingresos del ejercicio 2018”.
Señala que la División de Control de Presupuesto del Municipio informó que los ingresos corrientes no serían suficientes para enfrentar la totalidad de los gastos corrientes inherentes al normal funcionamiento de la institución municipal.
PREVISIÓN. El dictamen de rechazo menciona que además del empréstito de hasta 8.000 millones solicitados, se deben agregar los intereses y los gastos administrativos inherentes al capital que se amortizará.
Los concejales aseguran que la Intendencia municipal no ha realizado las previsiones reales de ingresos y de gastos.
“Tampoco que ha realizado acciones o políticas de mejora de las recaudaciones, o para disminuir los gastos en servicios personales, puesto que esta situación se viene repitiendo en cada periodo fiscal como se ha demostrado en informes de ejecuciones de años anteriores”, señala el documento firmado por la legislatura.
Asegura además que el Ejecutivo ha autorizado compromisos que no contaban con disponibilidades financieras suficientes, violando lo establecido en la Ley 3966/10, Art. 51, “Deberes y atribuciones del intendente”.
