Como un ejemplo muy puntual, está el caso de la cooperativa San Cristóbal, que perdió un total de USD 8 millones de dólares a consecuencia de haber sido salpicado por el Operativo A Ultranza, con la detención de su presidente, el ahora ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio.
Las filtraciones de estas últimas semanas también han demostrado cómo los grupos criminales operan impunemente gracias a su infiltración al interior de las instituciones públicas de seguridad y cómo se mueven libremente ordenando y ejecutando asesinatos.
En mensajes entre Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias Tío Rico, se detalla cómo el uruguayo ultimó de cinco balazos a su primo Diego Olivera, y cómo pretendía desaparecer el cuerpo con ácido o cal, según se lee en la carpeta fiscal.
Los detalles muestran que la organización criminal habría generado ganancias por más de USD 433.500.000 por el envío de unos 17.340 kilogramos de cocaína a distintos puntos de Europa.
consecuencias. El experto colombiano en Seguridad Juan Carlos Buitrago advirtió sobre el avance de los grupos criminales sobre el territorio, instituciones democráticas y la economía nacional, ya que representa un riesgo significativo para la estabilidad de cualquier nación.
“Estos grupos pueden desestabilizar la seguridad y el orden públicos, corromper a las instituciones democráticas y socavar la economía legítima. Este tipo de actividad criminal puede resultar en una pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales, lo que puede conducir a una disminución en la inversión y el deterioro de las condiciones sociales y económicas”, expresó.
“A nivel transnacional, la actividad criminal organizada es un problema grave que genera inestabilidad financiera a gran escala. Esta inestabilidad no solo afecta a las economías de los países involucrados, sino que también puede tener repercusiones globales, extendiendo su impacto más allá de las fronteras nacionales”, advirtió.
Dijo que la actividad delictiva provoca distorsiones en los mercados, lo que puede llevar a la ineficiencia en la asignación de recursos.
“Estas distorsiones e ineficiencias pueden resultar en un crecimiento económico más lento y en condiciones de vida más difíciles para las personas en las comunidades afectadas por estas actividades criminales”, añadió Buitrago.
