Según anunció este jueves la Corte, Duterte hará su primera aparición oficial y pública ante los magistrados del tribunal en La Haya este viernes a las 14.00 hora neerlandesa (13.00 GMT). Se trata de una comparecencia en la que no se entrará en la defensa del acusado, ni en los detalles del caso, aunque el ex presidente filipino sí podrá pronunciarse sobre la acusación en su contra.
La CPI también informó de que Duterte otorgó un “poder notarial” designando a Salvador Medialdea, su ex secretario ejecutivo, como uno de sus abogados en los procedimientos de la CPI, aunque también contará con la asistencia de la oficina del defensor público para la defensa durante la comparecencia inicial.
La Corte confirmará formalmente la identidad del sospechoso y el idioma en el que podrá seguir el proceso, y se le informará del crimen que se le imputa y de sus derechos, en virtud del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI del que Duterte, como presidente, retiró a Manila en marzo de 2019, por temor a la rendición de cuentas, pero esa decisión no afectó la jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de esa fecha.
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En la orden de arresto emitida de forma secreta el 7 de marzo, pero hecha pública después de la detención de Duterte en Manila el pasado martes, los jueces indicaron que “existen motivos razonables” para considerarlo responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
“La Sala determinó que hubo un ataque dirigido contra una población civil en cumplimiento de una política organizacional mientras Duterte era el líder del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS), y en cumplimiento de una política estatal durante su mandato como presidente de Filipinas”, añadió.
Además, considera que “existen motivos razonables” para creer que “este ataque fue tanto generalizado como sistemático”, puesto que “se llevó a cabo durante varios años y resultó en miles de muertes”.
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Los jueces creen que Duterte, “junto con otras personas y a través de ellas, acordó matar a individuos identificados como presuntos criminales o personas con tendencias delictivas, incluyendo, pero no limitándose, a traficantes de drogas”.
Por su parte, el fiscal de la CPI, Karim Khan, subrayó que las investigaciones de su oficina son “independientes e imparciales” y consideró el arresto de Duterte como “un avance significativo en la búsqueda de justicia” en Filipinas por los crímenes presuntamente cometidos en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”.
El ex mandatario filipino es el segundo jefe de Estado en pasar a manos de la CPI desde su fundación en 2002. El ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue absuelto en 2019 de los crímenes de lesa humanidad que se le imputaban, aunque había pasado casi una década en el Centro de Detención de La Haya.
Fuente: EFE.
