Desde el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional confirmaron ayer que el ex titular de la Comuna lambareña aún no pasó por la institución, que debe tramitar las últimas gestiones antes de su ingreso a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
De esta manera, se confirma que el político colorado sigue burlando a la Justicia, pese a una orden de captura que pesa sobre su nombre para cumplir la condena.
En este caso, la Justicia determinó que Roberto Cárdenas produjo un perjuicio patrimonial a la Comuna lambareña por la suma de G. 859 millones, en la construcción de obras, remodelaciones y ampliaciones realizadas en 15 instituciones educativas con dinero del Fonacide, entre los meses de noviembre de 2012 a diciembre de 2013. La sentencia fue dictada el 23 de diciembre de 2021 por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García.
En octubre del 2022, la defensa de Cárdenas había planteado recurso extraordinario de casación y, a la vez, una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2022 desistió del pedido ante la Sala Penal de la Corte y siguió con su acción ante la Sala Constitucional.
Respecto a la inconstitucionalidad, el 6 de febrero de 2023, la Sala Constitucional le dio trámite a su acción, y el 2 de abril de 2024, por acuerdo y sentencia 352, la Corte rechazó su acción.
Cárdenas planteó un recurso de aclaratoria, rechazado el 9 de setiembre de 2024, y finalmente, promovió un incidente de nulidad de actuaciones, que fue rechazado in límine por la Corte el 11 de noviembre de 2024, con lo que no quedaron recursos.
Ejecución. Desde entonces, el político está prófugo. Ante esta situación, el expediente llegó a la jueza de Ejecución, María Lidia Wyder, quien hace exactamente un mes, el pasado 17 de marzo, ordenó su captura en todo el país y que el ex jefe comunal sea remitido a un centro penitenciario para cumplir con su pena impuesta por el Tribunal de Sentencia.
Una vez capturado, deberá ser remitido a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para de allí ser llevado a una penitenciaría, que albergará al condenado. Deberá guardar reclusión en libre comunicación y a disposición del Juzgado.
EL CASO. El 30 de setiembre del 2015, el techo del aula del noveno grado del Colegio Nacional de Lambaré se desplomó sobre alumnos y la docente, dejando varios heridos y lesionados.
El caso dio pie a que se investigara más y así se pudo descubrir un supuesto esquema en el que operaba el entonces intendente Cárdenas, supuestos contratistas y otras personas de su entorno, en donde direccionaban contratos de obras.
