Durante una reunión encabezada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) con intendentes de Asunción y el Departamento Central, la entidad de control de los juegos de azar en Paraguay advirtió que jugar o permitir el uso de tragamonedas en lugares no autorizados, como despensas, copetines o bazares, entre otros, puede concluir en la pena de cárcel.
En el caso de quienes exploten los juegos clandestinos, se exponen hasta cinco años de cárcel, mientras que los que participen o jueguen pueden tener hasta dos años de cárcel o recibir una multa.
El presidente de Conajzar, Carlos Liseras, sostuvo en la ocasión que una de las prioridades de su gestión es, justamente, eliminar los tragamonedas ilegales, los cuales funcionan fuera de las salas habilitadas, especialmente en los citados comercios.
“Estos espacios permiten que los niños, niñas y adolescentes tengan fácil acceso a las apuestas, lo que aumenta el riesgo de ludopatía o adicción a las apuestas”, alertó al respecto Liseras, al tiempo de señalar que buscan proteger la salud mental de la población más vulnerable.
Por su parte, desde la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), cuyos representantes también asistieron al encuentro, instaron a denunciar las apuestas clandestinas y fomentar el juego responsable.
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Sobre esa línea, Lorena Rojas, titular del gremio, manifestó que Apoja tiene a disposición de toda la ciudadanía una plataforma para denuncias de apuestas y juegos clandestinos, cuyo acceso es libre y gratuito.
Según señaló Liseras a ÚH, estuvieron presentes en la reunión los jefes comunales de Asunción, Lambaré, Itauguá, Limpio y Nueva Italia, además de representantes de los demás municipios, con quienes se socializaron las nuevas disposiciones del Decreto 3846 que reglamenta la normativa que moderniza el marco legal para las apuestas y los juegos de azar.
Además, se les informó que la Conajzar, a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ya podrá incautar los tragamonedas e incluso proceder al bloqueo de los locales que incumplan la normativa.