Las dudas legales respecto a la sanción ficta del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2018, declarada por el Senado, están retrasando la remisión del proyecto al Poder Ejecutivo.
Desde la Presidencia del Senado manifestaron ayer que todavía se tienen ciertas dudas de criterio sobre los plazos de tratamiento, por lo que, por prudencia, esperan un pronunciamiento al respecto de Diputados, estamento que este martes debe realizar su última sesión del año.
Hasta ahora, el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, no aclaró el confuso episodio que terminó con la sanción ficta del PGN 2018. La Cámara Alta argumentó que el documento debía ser enviado antes del 8 de diciembre, sin embargo, el mismo fue remitido recién el martes 12 y sin ninguna firma.
Por su parte, la senadora Blanca Lila Mignarro, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, restó importancia a la falta de remisión del proyecto al Ejecutivo. Aseguró que el envío de la propuesta avanza de acuerdo con los trámites habituales.
“Ya no se puede tratar (el PGN), porque completó su itinerario previsto en la ley. Falta nomás que el documento sea firmado por los presidentes y secretarios de ambas Cámaras, luego se hacen las copias, que son varias, y se envía. Estamos todavía dentro del plazo”, expresó.
Veto. La ministra de Hacienda, Lea Giménez, afirmó que, por el momento, el Ejecutivo no descarta un veto parcial al plan de gastos si el incremento en gastos rígidos no puede ser cubierto.
Señaló que incluso se podría considerar una objeción puntual a la ley sancionada si la reestructuración hecha por el Congreso afecta a programas de inversión que ya se encuentran en ejecución y necesitan continuidad.
Según cifras preliminares del Fisco, los incrementos salariales sobre la versión del Ejecutivo alcanzarían los USD 85 millones. De ese total, el monto desfinanciado en el PGN alcanzaría los USD 40 millones (ver infografía).
Desvío. Con respecto a la denuncia periodística por el supuesto desvío de USD 350 millones de los Fondos para la Excelencia, la ministra afirmó que los recursos están disponibles en una subcuenta en el BCP y remarcó que no se destinaron a gastos corrientes.
Aseguró que los recursos se transfieren al Fondo Fiduciario según los proyectos aprobados y calificó a la denuncia como “irresponsable y de tinte político”.