El dossier de denuncias con que cuenta la Comisión de Derechos Humanos del Senado en contra del defensor del Pueblo Miguel Godoy contiene 500 páginas, y los casos ya datan incluso durante su primer periodo en el cargo.
La intención es que hoy a primera hora se pueda remitir la documentación a la Cámara de Diputados, ya que se considera que podría servir de refuerzo del libelo acusatorio para el juicio político, que ya fue presentado, ayer.
Como parte del resumen de las denuncias se habla de inestabilidad laboral; violencia; agresiones; maltratos; amenazas; hostigamientos; acosos; persecuciones; así como casos de difamación y calumnia.
También, se menciona despidos masivos de funcionarios permanentes y contratados, sin sumarios administrativos.
Además, cambios, traslados o degradaciones de funciones laborales, en forma constante y arbitraria, como parte de las acusaciones contra Godoy.
Este año se sumó la cuestión sobre la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio. “Miguel Godoy ha cometido estafa, cobro indebido e ilegal. Ha usurpado funciones públicas y utilizado fondos para fines no previstos”, se indica en el informe.
“La Ley propuesta a instancia de la Defensoría del Pueblo trae aparejada la intención de tapar el procedimiento que ya se encuentra utilizando desde hace años, procedimiento que se encuentra vedado, según las normas constitucionales y su orden de prelación”, se alega.
“El caso urgente de atención es que la Defensoría del Pueblo se encuentra percibiendo e incluso promoviendo la confusión al instar al pago de la contribución para los objetores que han tramitado dicha solicitud, bajo la vigencia de la Ley 4013/10, en contravención al texto de la misma”, se señala en el documento.
“Solo contempla el pago de aquellos objetores que hayan dejado su declaración de objeción ante las comisiones de DDHH de las Cámaras del Congreso con anterioridad de la vigencia de la citada Ley 4013/10, no así para las nuevas solicitudes”, se resalta.
Se considera que es una incorrecta interpretación por parte del defensor del Pueblo, y que incluso estaría “usurpando funciones que solo le corresponden al Legislativo”.
“A la fecha, el pago es exigido a todos quienes acudan a iniciar los trámites para declararse objetores de conciencia al SMO, inclusive a quienes lo hacen luego de la entrada en vigencia de la Ley, en contravención al mandato legal, que es claro”, se indica.
“Miguel Godoy y su directora general de Objeción de Conciencia incurren con alevosía a la modificación de las normas legales para lograr un pago indebido mediante la tergiversación de la información”, se cuestiona.
“Recientemente, se ha pronunciado la ministra del Trabajo debido a denuncias y consultas recibidas de parte de varias cooperativas y otros empleadores”, se menciona.
“Se ha tomado conocimiento, en forma oficiosa, de la denuncia elevada en el ámbito penal por la abogada Diana Vargas Núñez, por el supuesto delito de exacción cometido por el defensor del Pueblo Miguel Godoy, otras autoridades y funcionarios vinculados a la comisión del citado hecho punible, en relación a los supuestos cobros indebidos en relación a la objeción de conciencia”, forma parte de la conclusión.
Larga data. Las denuncias que constan en la Comisión de Derechos Humanos del Senado ya datan incluso desde el 2017, primer periodo del defensor del Pueblo.
Se detallan casos de desvinculaciones irregulares de funcionarios antiguos, sin sumario administrativo.
En el 2019, el propio defensor adjunto Carlos Vera Bordaberry denunció y solicitó juicio político de Godoy por la destitución de 30 funcionarios sin sumario previo.
