ALECCIONADORES. El campus más pequeño del sistema de la Universidad de California es el de Santa Cruz, a orillas del Pacífico. Desde diciembre pasado, estudiantes (student workers), investigadores y docentes desarrollan una huelga que, repentinamente, la pandemia no solo interrumpió en sus manifestaciones típicas, sino también invisibilizó en los Estados Unidos y, por consiguiente, en el resto del mundo.
La misma exige, principalmente, un ajuste por costo de vida de poco más de 1.400 dólares mensuales. Como Santa Cruz es una de las ciudades más caras del país, los 19.000 dólares anuales que destina la universidad como paga por estudiar, enseñar e investigar allí, terminan esfumándose en alquileres acogotadores. Una investigación de la misma Universidad de California, pero en Berkeley, calcula en 16.5 millones de hogares norteamericanos habitados por personas que pagan renta. Se estima que por lo menos de sus miembros dejó de tener ingresos económicos a causa de la pandemia.
En febrero pasado, mientras Donald Trump minimizaba la crisis sanitaria, los administradores de la UC Santa Cruz convocaron a policías de diversos condados para que penetraran en el campus, reprimieran a cientos y detuvieran a 17 huelguistas. Inmediatamente, la universidad despidió a 82 estudiantes. Los despojó de seguro médico en medio de una situación sanitaria crítica. Entre ellos había una embarazada de ocho meses. También inmigrantes con situaciones legales, repentinamente, dramáticas.
De los orgullosos principios liberales y democráticos de las universidades públicas norteamericanas parece que va quedando poco: la fachada. En un artículo del periódico estadounidense Spectre Journal, un docente investigador llama la atención sobre la violencia inusitada y ejemplar, disciplinadora a la manera clásica, como respuesta a las demandas estudiantiles contra la precarización de la vida. El caso de la UC demuestra cuál era ya antes del Covid-19 (y será todavía más durante y después de él) la naturaleza de la reacción ideológica actual, la de las élites en la crisis sistémica. En Santa Cruz, un administrador deslizó que la universidad pagó 300 mil dólares por día para mantener en vigilancia a los huelguistas. Es decir, antes que impedir que los estudiantes se conviertan en homeless (sin techos), la Universidad de California prefiere controlarlos con fuerzas de seguridad y tecnología.
El capital es aleccionador en las crisis, no solo en los Estados Unidos.
XENOFOBIA Y TRAICIÓN. Casi 17 millones de estadounidenses viven en hogares mixtos en los que uno o más miembros son inmigrantes indocumentados que, a pesar de no tener autorización para trabajar, pagan impuestos al hacerlo con un número de identificación individual (ITIN). Esas ciudadanas y ciudadanos norteamericanos que, en muchos casos, dependen del salario de los inmigrantes, hoy están desamparados por su gobierno.
En una medida prístinamente xenófoba, 4.5 millones de trabajadores indocumentados han sido excluidos de las ayudas monetarias por desempleo a raíz de la pandemia. Con esto, también se ha abandonado a su suerte a norteamericanos que habitan con ellos, pues nadie que viva bajo el mismo techo de un contribuyente individual (esto es, en la práctica, de un trabajador indocumentado) puede acceder a los paquetes de auxilio del gobierno de Donald Trump. .
“Estamos siendo traicionados por nuestro gobierno”, denunció, en una crónica del New York Review of Books, Miriam, una mujer de San Diego que tiene tres hijos con ciudadanía estadounidense, pero un esposo con estatus migratorio irregular. Indirectamente, el inmigrante sin papeles es un apestado sin derechos que, sin embargo, tributa sin falta cuando trabaja en las ciudades o en la agricultura. Con la llegada de Trump habían cortado su cobertura médica. Ahora están expuestos (junto a sus seres queridos) al desempleo, la enfermedad, el hambre y la muerte.
