Como ya había anunciado su intención, finalmente el presidente Santiago Peña designó a la ex ministra de la Corte Suprema Alicia Pucheta de Correa como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM). El nombramiento se hizo oficial a través de un decreto divulgado cerca de la medianoche del pasado lunes. La designada forma parte del movimiento Honor Colorado.
Según la versión oficial, la designación se hizo efectiva debido al fenecimiento del mandato de Alfredo Kronawetter en este organismo.
Sin embargo, ese mandato no está fenecido, como afirma Óscar Paciello, titular del Consejo de la Magistratura, quien sobre la polémica designación afirmó que “no es constitucional”. Recordó que el mandato de Kronawetter se inició en abril de 2023, por lo que debe extenderse hasta el 2026. Explicó Paciello que el Consejo había comunicado en abril pasado la vacancia de la representación del Ejecutivo “conforme a los plazos”, tras lo cual fue designado Kronawetter.
El abogado había sido designado este año vía decreto, de acuerdo con el artículo 263 de la Constitución Nacional, según el cual su mandato dura tres años, vale decir que se extiende hasta 2026, y que solo puede ser removido vía juicio político.
Preocupa que fuercen una situación y que además no disimulen la prisa. Apenas publicado el decreto, muy pronto ya fue incluido en el orden del día del Senado el juramento de la persona designada. La Cámara de Senadores ya prepara el juramento, que está previsto en el primer punto del orden del día de la sesión ordinaria que se desarrollará en la fecha.
Estas actitudes y decisiones del Gobierno de Santiago Peña generan gran consternación por el objetivo al que evidentemente están apuntado. Con una absoluta mayoría de la ANR en ambas cámaras del Congreso Nacional, este partido tiene una ventaja absoluta. El grave problema que se le presenta a nuestra democracia es el uso que está haciendo un sector del Partido Colorado con esa mayoría que le otorga impunidad completa, y en este caso específico apuntan, sin dudas, al copamiento de la Justicia.
Recordemos que el Informe 2023 de la Corporación Latinobarómetro decía que Paraguay es el país con actitudes más autoritarias de toda la región, y llamaba la atención sobre el hecho de que el país es gobernado por el Partido Colorado desde el año 1948, y que tuvo apenas un periodo de alternancia, interrumpida, según algunos, por un golpe de Estado parlamentario.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura son las instancias desde las cuales se ejerce el control, la sanción y elección de fiscales y jueces. Es inadmisible y antidemocrático que estos órganos sean controlados por un exclusivo sector político, en este caso, vinculados al cartismo. Con esto se da al mismo tiempo un quiebre en el equilibrio de los poderes como proclama la Constitución Nacional en su artículo 3: “El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”.
Ejercer una mayoría arrasando y aniquilando al otro no es democracia. Responde, en cambio, precisamente, al modelo autoritario y despótico que desplegó la dictadura de Alfredo Stroessner durante 35 años en el Paraguay.
Con el copamiento colorado cartista no podremos aspirar a una Justicia plural e independiente; e ignorar interesadamente la Constitución supone el sometimiento del sistema democrático y del estado de derecho.