“Mañana paro general contra la represión, no se toca a los maestros”, anunció la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en una rueda de prensa en la que pidió la renuncia del ministro de Educación argentino, Esteban Bullrich, y pidió al Gobierno que cumpla con la ley.
Este domingo numerosos maestros se concentraron frente al Congreso nacional, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de instalar una carpa para ofrecer “clases populares”, una actividad que programaron en reclamo de mejores salarios.
No obstante, agentes policiales impidieron la colocación de la carpa y desalojaron a los manifestantes en una refriega que se saldó con varios detenidos y en la que, según denunciaron los sindicatos del sector, los agentes utilizaron la violencia y rociaron con gas pimienta a los docentes.
En paralelo, numerosos vídeos comenzaron a circular por las redes sociales en los que se puede apreciar la violencia con la que la Policía reprimió la protesta.
Según el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la capital argentina, el grupo de gremialistas docentes quiso instalar la carpa “sin ningún tipo de permiso”, por lo que “se labraron actas de infracción por el uso indebido del espacio público”.
“Este Gobierno ha mostrado una vocación democrática enorme y en eso no hay inconveniente, lo que uno tiene que tratar es que se cumpla la ley. Si se va a instalar algo en un lugar público, lo que hay que hacer es requerir la autorización pertinente y no hacerlo de un modo clandestino a la madrugada”, aseveró hoy el ministro de Justicia, Germán Garavano, en declaraciones a radio La Red.
Los sindicatos, que mantienen un tenso pulso con el Gobierno dentro de la negociación salarial anual, vieron lo ocurrido el domingo como una provocación por parte del oficialismo, por lo que llamaron a los maestros a manifestarse nuevamente mañana.
Desde el inicio del curso escolar, en marzo, docentes de varias zonas del país -principalmente de la provincia de Buenos Aires, que concentra a más de un tercio de la población argentina- reclaman a través de marchas y paros mejoras salariales del 30 %, en línea con lo que aumentará la inflación este año, según prevén.
Sin embargo, desde el Ejecutivo, que fijó en los presupuestos una inflación del 18 % para 2017, insisten en que no tienen competencias para convocar estas reuniones porque, a su juicio, la articulación de los sueldos finales de los profesores depende de cada una de las provincias de Argentina.
El pasado jueves, un fallo judicial ordenó al Ministerio de Trabajo convocar una mesa nacional de negociación salarial docente, aunque desde el Gobierno anticiparon que apelarán la medida y recusarán a la jueza que dictó la medida porque consideran que hay imparcialidad en sus decisiones.
La jueza Dora Eva Temis sostiene que la Ley de Educación Nacional ordena al Gobierno implementar la partida presupuestaria para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una mesa salarial nacional.
