GINEBRA
Brasil inició este jueves una disputa con Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en relación con los aranceles adicionales impuestos por Washington a productos procedentes del país latinoamericano.
Los aranceles, del 25% y el 12,5%, fueron impuestos por Estados Unidos tras dos investigaciones iniciadas este año al amparo de la Sección 301 de su Ley de Comercio, una de ellas específica para Brasil y otra, centrada en acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso, que ha afectado a unas 60 economías globales.
De acuerdo con la parte brasileña, estas tarifas son incompatibles con diversas disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 de la OMC, así como con las reglas del mecanismo de solución de diferencias en la organización.
Con la apertura de la disputa, se da a las partes 60 días para intentar resolver las diferencias por vía bilateral, y en caso contrario el demandante puede solicitar que la cuestión sea examinada por un comité de la OMC.
LULINHA. Por otra parte, un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal investigar a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, por supuesto tráfico de influencias, informaron este jueves medios locales.
El magistrado André Mendonça acató una petición de la Policía para esclarecer la actuación de Lulinha en las gestiones para obtener un permiso de comercialización de cannabis medicinal en programas vinculados con el Ministerio de Salud, según el diario Folha de São Paulo.
En tanto, el Tribunal Superior Electoral determinó que las plataformas digitales y redes sociales tendrán plazo hasta el 16 de agosto para presentar sus planes de cara a las elecciones generales de 2026, detallando medidas de prevención contra la desinformación y el uso malintencionado de inteligencia artificial, informaron este jueves fuentes oficiales. La medida, publicada en el Boletín Digital de Justicia, establece los procedimientos para que las empresas detallen cómo prevendrán y mitigarán los riesgos a la integridad del proceso electoral. Como regla general, la obligación aplica a plataformas que superen los 5 millones de usuarios mensuales en Brasil. No obstante, el TSE se reserva el derecho de exigir un plan simplificado a empresas más pequeñas.
