“Ordenamos a todos los frentes, columnas y compañías pertenecientes a las FARC-EP suspender las acciones ofensivas en todo el territorio nacional contra la fuerza pública (...) desde el día de hoy 22 de setiembre hasta el día 8 de octubre cuando se pretende inicie a regir el decreto de cese al fuego” y la mesa de diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, indicó en un comunicado el EMC.
Las disidencias de las FARC se apartaron en 2016 del histórico acuerdo de paz que desarmó al grueso de la que fue la guerrilla más poderosa del continente. En vísperas de nuevas conversaciones con el Gobierno mostraron músculo en el suroeste del país al explotar dos coches bomba contra estaciones policiales en tres días.
“Reconocemos como error la imprecisión en esta acción militar en la que resultaron dos civiles muertos y cinco heridos”, admitió el EMC refiriéndose al atentado del miércoles pasado en el poblado de Timba, departamento del Cauca.
Otro vehículo explotó ayer contra una estación policial en el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), y dejó al menos cinco civiles heridos. El coche quedó destruido y disperso en cientos de pedazos incinerados a lo largo de la vía.
Fue “un carro que violó la seguridad que los policías colocan” y luego explotó, contó a la AFP Irner Piedrahita, un trabajador independiente cuya casa está cerca del lugar.
Su madre y su hermana resultaron heridas. “Es uno de los rostros de la violencia (...). No hay palabras para describir esto”, agregó.
Los ataques contra la fuerza pública son una represalia por su ofensiva militar para golpear el narcotráfico, según Petro.
“Seguimos afectando las economías ilegales y la reacción son hechos de violencia. No cederemos. La Fuerza Pública debe copar militarmente el territorio y como gobierno llegaremos de manera integral a estas poblaciones”, aseguró el mandatario en la red social X, antes Twitter.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se trasladó a Jamundí junto al comandante de las Fuerzas Armadas para realizar un consejo de seguridad.
La mesa de negociaciones entre el EMC y el gobierno será instalada en Tibú (este), en la frontera con Venezuela, con miras a desarmar a más de 3.500 combatientes. Ese mismo día entrará en vigor una tregua de 10 meses.
El ministro Velásquez señaló como responsable de los atentados a un brazo del EMC, el frente Jaime Martínez, y cuestionó la unidad de mando de las disidencias.
“Uno no siente que haya una unidad de criterios porque en otras zonas sí ha bajado la intensidad del conflicto”, aseguró el jefe de la cartera en entrevista con Caracol Radio.
Según el ministro, en la región del suroeste “se concentra el 75% de la financiación de las EMC”, allí siembran sus narcocultivos, en el país que más cocaína produce en el mundo.
