Con absoluta caradurez, haciendo caso omiso a las posturas y movilizaciones de un gran sector de la ciudadanía, la gran mayoría de los diputados decidieron imponer sus intereses corporativos para salvar a sus colegas, el colorado cartista Tomás Rivas (procesado por pagar a sus caseros con dinero público, cobro indebido de honorario, estafa y otros delitos), el colorado abdista Ulises Quintana (procesado por supuesto lavado de dinero y tráfico de drogas, en carácter de cómplice) y el liberal Carlos Portillo (investigado por tráfico de influencias), de la posibilidad de que sean echados de sus cargos legislativos para responder ante la Justicia.
La decisión fue adoptada tras una sorpresiva maniobra de los legisladores, mientras la atención estaba centrada en la interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en el Senado, sobre el tema de la seguridad ciudadana.
Para lograr su cometido, los diputados colorados no se presentaron para la sesión ordinaria del miércoles, pero acto seguido plantearon una sesión extraordinaria para tratar de manera urgente y sin dilaciones los pedidos de pérdidas de investiduras contra los tres legisladores acusados, los cuales remitieron rápidamente al archivo con los votos mayoritarios de colorados abdistas, cartistas y varios liberales. Solamente el colorado Ramón Romero Roa, cinco liberales e independientes votaron en contra.
De esta manera, los legisladores violaron la Constitución, que habla de sacar la investidura por mayoría simple de votos a un legislador que cometa tráfico de influencias fehacientemente comprobado. La inconstitucionalidad radica en que el artículo 201 de la Carta Magna no establece mayorías calificadas, por lo que el procedimiento de pérdidas de investiduras hasta ahora se regía por lo dispuesto en el artículo 185, que establece que, en los casos en que la Constitución no indique las mayorías, se debe proceder a decidir con la mayoría simple. Alterar este principio significaría modificar arbitrariamente la propia Constitución.
Los diputados tampoco hicieron caso esta vez a su propio argumento de que para tratar los pedidos de pérdidas de investiduras necesitaban contar con un reglamento. Sin contar con dicho reglamento simplemente decidieron por votación mayoritaria remitir al archivo los pedidos, sin que uno solo de sus pares haya hablado y argumentado en defensa de los acusados.
De este modo, han blindado a sus colegas que estaban en la picota, para evitar que puedan ser echados ante el proceso de moralización mediante denuncias e investigaciones periodísticas acerca de casos de corrupción, que han dado pie a indignadas movilizaciones ciudadanas, logrando que en menos de un año cuatro senadores y un diputado hayan sido expulsados de sus cargos o se hayan visto forzados a renunciar, como ha ocurrido con el senador colorado Óscar González Daher, el senador del Partido Unace Jorge Oviedo Matto, el diputado colorado José María Ibáñez, el senador colorado Víctor Bogado y el senador liberal Dionisio Amarilla, todos ellos envueltos en acusaciones por tráfico de influencias y casos de corrupción.
La maniobra de la mayoría de los legisladores ratifica el mote popular de Cámara de la Vergüenza que se da a la Cámara de Diputados.
