Diputados torpedean la lucha contra corrupción y planes de transparencia

Si bien algunos legisladores de la oposición admitieron que la propuesta contiene errores, impulsaron la aprobación en general para dar una señal de austeridad a la ciudadanía, pero esta intención no prosperó y el plan sigue sin tratamiento.

Además, son conocidas las veces que la Cámara Baja rechazó la intervención de cuestionados municipios. Es más, hace un par de semanas aprobaron la integración de las comisiones que estudiarán el pedido de intervención de los municipios de Pedro Juan Caballero, Teniente Esteban Martínez, Concepción, Azotey y Arroyito, pero los pedidos avanzan lentamente.

Más. Por si fuera poco, en abril ratificaron su resistencia a la publicidad de las declaraciones juradas de los empleados públicos. Fue cuando trataron el proyecto que modifica la ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios. Así, establecieron que la Justicia debe aprobar la publicidad de las declaraciones.

Igualmente, en su pasada sesión, los diputados, en plena crisis a causa de la pandemia, aprobaron un proyecto de modificación presupuestaria para el Ministerio Público, de más de G. 21.000 millones. Mediante la mayoría colorada, con defensa del cartismo, conocidos aliados de la fiscala general Sandra Quiñónez, se disminuyeron los gastos de capital, para destinarlos a gastos considerados superfluos, como servicios de ceremonial, pasajes y hasta viáticos para viajes al exterior, en momentos en que el Poder Ejecutivo realiza recortes para enfrentar la grave situación económica.

Finalmente, pese a la urgencia de sancionar la corrupción ante las escandalosas irregularidades en las compras públicas por la crisis sanitaria, colorados y gran parte de los liberales decidieron enviar a la Comisión de Reforma Penal el proyecto de ley que pretendía aumentar las penas para los hechos punibles en perjuicio del Estado.