Si acaso hay una tragicomedia tantas veces repetidas en el desprestigiado ámbito político paraguayo, es el de un gran grupo de legisladores intentando por todos los medios imponer una ley que les permita evitar ser sometidos a la pérdida de su función de diputados y senadores, al ser descubiertos en escándalos graves de tráfico de influencias y hechos de corrupción.
Versiones de una ley que reglamente la pérdida de investidura, buscando elevar el número de votos para que un legislador cuestionado pueda ser echado de su banca, se vienen conociendo desde hace años, y han sido rechazadas, modificadas, generando indignación por parte de la ciudadanía.
Dos versiones del mismo intento legislativo finalmente fueron aprobadas por el Congreso durante el actual gobierno y las dos fueron vetadas por el Poder Ejecutivo, que al menos en este tema ha sintonizado mejor con la expresión ciudadana. La primera versión fue vetada en 2019, y la segunda, conocida como Ley 6748/2021 que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional de la pérdida de investidura, denominada popularmente como ley de autoblindaje o autobandidaje, fue vetada por el presidente Mario Abdo Benítez en junio último.
En la última versión, que los diputados aprobaron tras introducir el proyecto de una manera silenciosa y subrepticia en el orden del día, los legisladores pretendían que se necesiten 30 votos para expulsar a un senador, frente a los 23 que establece la Constitución, y 53 a un diputado, en lugar de los 41 requeridos según los criterios de lo dispuesto en la Carta Magna. Igualmente, la ley aprobada dispone que para la aplicación de la pérdida de investidura debía haber una sentencia judicial previa.
No hay que olvidar que, en el Paraguay, la Cámara de Senadores cuenta con 45 representantes y la de Diputados con 80. El artículo 201 de la Constitución no establece ninguna mayoría calificada, por lo cual se entiende que es suficiente una mayoría simple, según dispone el artículo 185. Por ello, la ley de autoblindaje se considera anticonstitucional.
Las críticas por parte de la ciudadanía señalan que los parlamentarios buscan autoblindarse ante la posibilidad de ser echados de su función, en caso de que se descubra que están metidos en hechos de corrupción, tal como había sucedido con el senador colorado oficialista Óscar González Daher, quien en unos audios de conversaciones telefónicas filtradas a través de la prensa aparecía negociando procesos judiciales y cometiendo casos de tráfico de influencia desde su posición de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), lo cual se convirtió en un gran escándalo político y jurídico, forzando a que le saquen su investidura de legislador.
Por ello, fue muy aplaudido que el Poder Ejecutivo vete de nuevo la última versión de la ley, y que el Senado haya aceptado la semana pasada el veto presidencial, aunque ahora queda en manos de los diputados decidir al respecto.
Es de esperar que los miembros de la Cámara Baja entiendan por fin el mensaje y dejen de insistir con el tema. La ciudadanía ya está harta de tanta impunidad ante la corrupción. Basta de autoprotegerse para el bandidaje. Hay que asumir las acciones y rendir cuentas.