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Diputados, la cámara de las calamidades

Estela Ruiz Díaz

La baja calidad del Congreso está directamente relacionada con los partidos políticos y su caída en picada en la confianza ciudadana es una constante a medida que pasan los años. Tuvo un periodo corto en el post-stronismo en el que resaltaron la excelencia de no pocos de sus miembros y las convicciones democráticas.

Pero luego fue decayendo fruto de la quiebra moral de los partidos políticos que se convirtieron en empresas para el beneficio de sus dirigentes, sus familias y sus acólitos: la industria prebendaria, clientelar y corrupta.

El Congreso ya ni siquiera representa genuinamente a los partidos; llegan a sus bancas usando a los partidos, pero allí cada uno hace lo que quiere, negocia como quiere, con quien quiere. Total pagó al contado para tener esa banca. La identidad partidaria se diluye en el mercado del rédito político coyuntural o monetario.

En estos días, la Cámara de Diputados, bautizada hace tiempo por sus continuos desmanes como Cámara de la Vergüenza, ha dado muestras de esa desconexión con la realidad ciudadana con soberbia ignorancia y prepotencia política.

Si bien la crítica es al Parlamento, el Senado muestra un poco más de seriedad a la hora de tomar decisiones. O si las toma, existe un debate más profundo, más allá de los escándalos que genera el polémico Paraguayo Cubas.

La más reciente fue la desacertada propuesta de otorgar a Romerito una pensión graciable. La reacción ciudadana fue contundente: dejando en claro el respeto y el cariño al jugador de fútbol, el rechazo fue porque en primer lugar no lo merecía ya que la ley exige que el beneficiado se “encuentre imposibilitado de generar los ingresos necesarios para una vida digna”. Tanto fue el bochorno que el diputado cartista Walter Harms decidió solicitar a la cámara dejar sin efecto la ley.

Un intento por mejorar la Policía cayó en saco roto. Sin mediar discusión alguna, archivaron una reforma de la Carta Orgánica que pretendía que los uniformados asciendan por mérito y no por antigüedad. Era un intento por romper el cerco discrecional y a veces mafioso del manejo policial. Gracias a la alianza de colorados cartistas y liberales, con el voto clave de Ulises Quintana, acusado por la Fiscalía nada menos que por lavado de dinero y narcotráfico, el tema ni siquiera se discutió.

Como si fuera poco, agregaron otra escandalosa decisión. Expropiaron una estancia de San Pedro sin siquiera tener los mínimos datos a mano. Tanta fue la irresponsabilidad que el sector cartista pidió disculpas públicas a la familia Willersinn. Se comprometió también a dejar sin efecto la decisión en la próxima sesión. Así como el caso Romerito, este tema puso al tapete la irresponsabilidad legislativa: no tenían idea de lo que votaban. ¿Cuántas leyes se aprueban semanalmente de manera irreflexiva o como trueque legislativo o pagos al contado?

UN PELIGRO. Diputados refleja más que ninguna otra institución los peores vicios del país. No se sabe qué pueden aprobar o rechazar porque no responden a lógicas partidarias, ideológicas o de mínimo sentido común. Pero sí la tienen clara a la hora del pacto corporativo, cuasimafioso o de protección a la corrupción. La intervención de las municipalidades es una de sus atribuciones exclusivas. Acá no importan las auditorías, culpabilidades o inocencias, sino la construcción de la mayoría para eliminar al adversario de turno o blindar al intendente corrupto. Hace poco los colorados y llanistas rechazaron la intervención de varios municipios blanqueando a los intendentes. Entre ellos estaba el de Jesús de Tavarangué, Itapúa. Apenas fue salvado por los diputados, la Fiscalía lo acusó de lavado de dinero y hoy está preso.

lista negra. En la larga lista de ignominia aparecen la decisión de blanquear G. 2.000 millones para tapar el despilfarro de Miguel Cuevas y pagar a los planilleros; mantener el secretismo de la declaración jurada de bienes; rechazo y envío al archivo de la jubilación vip con lo cual mantienen el privilegio parlamentario de jubilarse con 10 años de aporte; en sesión ilegal archivaron el proyecto para eliminar el Parlasur y la cuestionada decisión de evitar la pérdida de investidura de tres diputados: Carlos Portillo (PLRA), Tomás Rivas (ANR/cartista) y Ulises Quintana (ANR/Añetete).

En este último punto hay una diferencia abismal con el Senado, donde sí tomaron nota de la indignación ciudadana: expulsaron a Óscar González Daher, Víctor Bogado y Dionisio Amarilla, mientras que Oviedo Matto se vio obligado a renunciar ante la inminente destitución.

en la burbuja. Los congresistas en general, pero los diputados en particular viven en una burbuja. Despilfarran el presupuesto público para mantener a sus parásitos en el Estado mientras viven a cuerpo de rey, lejos de la recesión económica. Ya lo dejó en claro el diputado Portillo, ellos pertenecen a una casta privilegiada: “Jamás se puede comparar una situación de un parlamentario con una persona común”. O como dijo Ulises Quintana cuando vio que los locales capitalinos les cerraron las puertas: “Solamente los shoppings en donde acude la chuchicracia son los que están con la indignación selectiva”. O la pragmática respuestas de Tomás Rivas: “Yo no siento ninguna indignación ciudadana. En mi departamento en ningún momento me escracharon”.

O como eludió la discusión Pedro Alliana, diputado y presidente de la ANR nada menos, cuando se le planteó lo de la Cámara de la Vergüenza: “Los que nos tildan de esa manera son algunos medios de comunicación, no la ciudadanía”. O es una respuesta cínica o sufre un trastorno cuyo diagnóstico es la evasión de la realidad.

Son frases que revelan el desprecio hacia la opinión pública porque tienen la certeza de que en sus feudos tendrán siempre los votos para mantenerse en el poder ya sea con los votos, ya sea comprando su banca, más allá de lo que hagan. En Diputados hay una contundente mayoría integrada por colorados y liberales que aplasta a esa pequeña minoría que, aunque sepa que perderá en la votación, al menos intenta debatir.

Lo peor es que a esta Cámara de Diputados le quedan aún casi cuatro años para seguir perpetrando calamidades contra la República.

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