La funcionaria Anadelia Acosta Armoa fue imputada por el cobro irregular de indemnizaciones de la ANDE a familias humildes, en el marco de la muerte de dos obreros. La misma habría participado de un esquema que se quedó con casi el total del dinero de las indemnizaciones.
Las familias solo recibieron G. 75 millones en conjunto, de un total de G. 800 millones, por la muerte de Antonio Acosta Contrera, de 53 años, y Marino Ramírez Casco, de 43.
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Sin embargo, tras la imputación por los presuntos hechos de apropiación, estafa y lesión de confianza, decidió acordar con las familias la devolución de G. 600 millones como resarcimiento, pese a que la causa penal continuará su curso.
La funcionaria presentó ante la Cámara de Diputados un reposo médico al cumplirse tres días de ausencia. Antes, su pedido de permiso fue denegado mientras que también solicitó que se le concedan 15 días de vacaciones que tiene pendiente en la Cámara Baja.
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Por su parte, la Cámara de Diputados intimó a la funcionaria Anadelia Acosta Armoa a presentarse ante la Dirección General de Recursos Humanos, caso contrario, se considerará como abandono del cargo.
Asimismo, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, estableció que la funcionaria podrá usufructuar sus vacaciones a partir del 1 de enero del año 2025.
Anadelia Acosta estaba comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, Departamento de Caaguazú, en funciones de la Secretaría de la Mujer.
En el caso se encuentra imputado también el abogado Darío Aquiles Flores Mendoza, quien fue el responsable de efectivizar el dinero.
De acuerdo con el informe entregado por el Banco Nacional de Fomento, la operación no debió realizarse atendiendo a que las documentaciones poseían la inscripción de no transferibles, conforme al poder general presentado por el abogado para la efectivización de los cheques.
También están procesados Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta por apropiación, estafa y lesión de confianza. Ovidio Ramón Oviedo es la pareja de la funcionaria y Juan Ramón Acosta, su padre.
