La Cámara de Diputados incluyó en su orden del día para la sesión del próximo martes el pedido de interpelación a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, tras la tragedia ocurrida en el cruce de Pedrozo donde 5 personas perdieron la vida el sábado 15 de agosto.
La diputada de Patria Querida Rocío Vallejo cuestionó que, pese a que hace dos años ya se había advertido sobre la peligrosidad del lugar tras otro accidente de gran magnitud, no se haya concretado la eliminación del semáforo instalado en el tramo donde ocurrió el nuevo siniestro.
“Uno se pregunta qué es lo que hizo la autoridad en este tiempo que no ha solucionado ese problema”, señaló la legisladora, quien consideró que la situación genera interrogantes que deben ser respondidas por las autoridades.
La diputada también cuestionó que actualmente se anuncie una solución para el punto crítico en un plazo de 20 días. En ese sentido, planteó que el problema pudo haber sido solucionado con anterioridad y que una intervención oportuna eventualmente habría permitido evitar nuevos accidentes.
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“De aquella tragedia al 2024 se pudo haber solucionado en 20 días. Se pudo haber evitado otros accidentes”, sostuvo.
Vallejo señaló además que se debe investigar cómo fue diseñado el trazado vial y quién dispuso la instalación de un semáforo en una zona considerada peligrosa, particularmente por tratarse de una pendiente. “Lo que se planteaba también hablando con los colegas es quién diseñó ese trazado, quién dispuso que en una bajada tan peligrosa haya un semáforo, un cruce como ese”, precisó.
“No somos ingenieros, pero la lógica te dice que no puede haber una situación como esa semafórica en ese lugar, en esas condiciones”, afirmó.
Ante esta situación, también indicó que se analiza solicitar informes para conocer los antecedentes técnicos del diseño vial y determinar qué autoridades o instituciones participaron en la decisión de colocar el semáforo en ese punto.
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“Las autoridades tienen que venir a dar explicaciones”
Vallejo defendió el pedido de interpelación y rechazó que la medida deba interpretarse necesariamente como una acción de censura contra la ministra. Explicó que la interpelación es una herramienta constitucional que permite a los legisladores exigir respuestas a las autoridades sobre asuntos concretos.
“Las autoridades tienen que venir a dar explicaciones”, remarcó.
Recordó que, posteriormente, la Cámara puede plantear un voto de censura, para lo cual se requiere una mayoría, aunque aclaró que esta decisión constituye también un mensaje político del Congreso y que el Poder Ejecutivo puede o no atenderlo.
La legisladora sostuvo que ningún funcionario debería oponerse a comparecer ante el Congreso, especialmente cuando existen cuestionamientos que requieren respuestas ante la ciudadanía.
