El presidente Pedro Alliana cuestionó a la Cámara de Senadores por instar a los diputados a levantar la sanción contra Amarilla. Sin embargo, optó por no emitir opinión alguna sobre el comunicado de la Iglesia.
“Sería bueno que se ocupen de la situación irregular de sus dos senadores mau no electos, ni proclamados”, dijo en referencia a los casos de Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky, quienes asumieron en lugar de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, respectivamente.
También dijo que la Cámara Alta debe juzgar “la actitud de sus colegas que apoyan la invasión de propiedades privadas y de paso devolver a la ANR la banca robada meses atrás”.
Por su parte, Walter Harms dijo que tanto el pronunciamiento de la CEP como del Senado son un “barullo secundario”, teniendo en cuenta que la situación de Amarilla ya no puede reverse y ya se están aplicando los mecanismos para que le sustituya el suplente.
“Nosotros ya tomamos una decisión con Celeste Amarilla. Esto es cosa juzgada y todo lo demás es un barullo secundario”, manifestó.
“Me parece excelente el interés de la Iglesia Católica en opinar con respecto a la institucionalidad de la República y me parece extemporánea esta posición”, opinó sobre el comunicado de la CEP.
Señaló que se hubiese expedido de la misma manera “cuando de manera arbitraria e inconstitucional por capricho de los hombres, como dicen ellos, en la Cámara de Senadores no les permitieron jurar a dos senadores electos y permitieron que asuman dos ciudadanos que no ostentaban la representación ni la legalidad de una proclamación”.
Agregó que respeta mucho la opinión de los obispos, pero que la misma es extemporánea y arbitraria. “Deberían medir todos los actos con la misma vara”, aseveró.
“De paso también hay que recordarles que su misión principal es la evangelización donde influye también el mea culpa que deben hacer”, significó.
“Es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”, finalizó.
Parte del comunicado de los obispos señala que “se exhorta a los que ejercen la representación política a cumplir con el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes para fortalecer las instituciones democráticas y consolidar el estado de derecho en la República del Paraguay”.
El comunicado no hace referencia explícita a Celeste Amarilla, pero hace mención a “la actuación de la Cámara de Diputados, en diversas decisiones relacionadas con sus miembros, y que han merecido serios cuestionamientos de amplios sectores de la ciudadanía”.
También la Junta Municipal de Asunción se pronunció en contra de la sanción, calificando como una transgresión a normas constitucionales.
Asimismo, la Cámara de Senadores, por mayoría, aprobó instar a la Cámara Baja a revocar la sanción a la diputada.
El Colegio de Abogados del Paraguay también se pronunció en contra de la medida que afecta a la diputada de la oposición, quien señaló que entre 60 a 70 parlamentarios ingresaron con fondos dudosos al Congreso. La misma fue suspendida por 60 días.
Ya tomamos una decisión con Celeste. Esto es cosa juzgada y todo lo demás es un barullo secundario.
Walter Harms,
diputado colorado.
