El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, confirmó a ÚH que están trabajando en una propuesta de modificación. “Seguimos trabajando en la propuesta de modificación. La idea es aprobar con modificaciones”, apuntó.
La Procuraduría General de la República había emitido un dictamen en julio sobre el proyecto, donde sugiere varias modificaciones. En primer lugar, en el artículo primero, del objeto, podría considerarse excluir a las organizaciones que administren fondos privados y a las que destinen prestaciones a entes de economía mixta, en razón de que se justificaría un control sobre la administración de fondos públicos destinados a las organizaciones sin fines de lucro.
El proyecto de ley establece que el control es sobre las organizaciones que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional, a ser destinados o que de alguna manera guarden relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado.
El dictamen de la PGR también menciona que en el artículo segundo, se podría considerar excluir del alcance de la ley a los organismos y organizaciones internacionales que administren fondos privados.
“La razón de dicha consideración radica en que se produciría una asimetría regulatoria sobre este tipo de organizaciones siempre que administren fondos privados respecto de otro tipo de sociedades o personas que administran fondos privados”, refiere el documento.
En tanto el proyecto incluye a un sinfín de organizaciones.
Sobre la autoridad de aplicación, el proyecto estipula al Ministerio de Economía. En tanto la PGR sugiere que el ministerio sea para las personas que reciban o administren fondos públicos, y el IPS para las demás.
Tratamiento. El proyecto ya fue aprobado por el Senado y mientras tanto, en medio de muchas críticas, las oenegés están siendo objeto de investigación por parte de la Comisión Bicameral que se creó para estudiar lavado de dinero. El documento tiene sanción ficta el 9 de octubre y la oposición busca postergar su estudio para martes 8 de octubre, mientras esperan los cambios de Peña, quien señaló que la ley cuenta con errores. La diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo indicó ayer que de no contar con modificaciones sustanciales, el proyecto deberá ser rechazado.
“Hemos debatido bastante en cuanto a las situaciones que se plantean a las inconsistencias que tiene el proyecto así como vino del Senado. Y en principio sí, si no existe una modificación sustancial donde se establezca de una manera clara qué es lo que se quiere controlar más allá de las normativas que ya existen hoy para este tipo de situaciones, se debe rechazar”, indicó. Agregó que actualmente la CBI ya está haciendo la fiscalización que quieren hacer a través de la ley.
