“Son las que engordan a los gobernadores e intendentes”, dijo y pidió al Ministerio de Hacienda que tome medidas sobre “este descontrol buscando las facturas falsas que presentan”.
Acusó, por otro lado, al ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, así como al director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, de no cumplir con sus deberes al frente de dichas instituciones ya que le mencionan que no pueden contra “estos poderosos”.
La legisladora se refirió a tres empresas. Citó a la familia Carlson-Capli, a Justino Da Silva y Miguel Miki Cardona. Denunció que la ministra de la Mujer, Celia Lezcano ganó recientemente una licitación en Alto Paraná por valor de G. 7.900 millones.
Señaló que es constantemente señalada por sus colegas con respecto a la provisión de merienda escolar, pero que, sin embargo, durante el gobierno Lugo-Franco, sus empresas facturaron muy por debajo de los montos que se manejan ahora y que en el gobierno de Horacio Cartes le “fue mejor” con USD 25 millones en licitaciones.
Sostuvo que durante el gobierno de Cartes, las empresas que proveen merienda escolar a las instituciones, llegaron a USD 42 millones, mientras que en el gobierno actual, a la fecha, sobrepasan ya los USD 45.5 millones.
Citó que las distribuidoras de la familia Carlson-Capli se adjudicaron contratos por valor de USD 42 millones desde el inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez y en la era de Cartes la suma de USD 40 millones, con ventas a gobernaciones y municipios de todo el país.
La empresa Ladero Paraguayo de Osvaldo Jean Pujol y José Luis Aquino ganó licitaciones por valor de USD 61 millones en lo que va del gobierno actual y USD 39 millones con el gobierno de Cartes. La empresa se dedica a brindar almuerzo y colación escolar y la legisladora señaló que se trata de una empresa “de maletín”.
Comepar de Cardona y Antolín Javier Yanes ganó licitaciones con el gobierno de Marito por valor de USD 82 millones, hasta el momento y con el gobierno de Cartes, unos 135 millones de USD.
La empresa también se dedica a proveer merienda escolar a las instituciones públicas. “Tiene dos clientes la gobernación de Central y el Ministerio de Educación”, aseveró.
La ministra de la Mujer, Celia Lezcano con su empresa Fidesa, se adjudicó una licitación de G. 7.900 millones según refirió la legisladora.
La diputada alegó que una ministra no puede ser proveedora del gobierno donde se encuentra como autoridad.
Los datos se encuentran disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
“Tiene que renunciar Seitz y Castiglioni y el ministro de la SET, Orué tiene que llevar una camioneta con las facturas truchas”, aseveró la legisladora en su intervención.