La diputada Celeste Amarilla denunció una rosca de corrupción ligada a los juegos de azar que afecta a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén) y al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que reciben recursos de lo recaudado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
Amarilla expuso que la Dibén no tiene medicamentos, insumos mínimos ni dinero y que la directora, Carmen Alonso, candidata al Senado por el Partido Colorado, niega todo tipo de pedidos a la gente, en tanto que el Fonaress alega que recibió muy poco dinero y hay firmas que no pagan.
En ese sentido, la legisladora mencionó un problema con la empresa TDP, propiedad del ex presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, cuyo hijo, Álvaro Wasmosy, se encuentra en espera de juicio oral junto a los miembros de la Conajzar, Carmen Alonzo, Raúl Silva, el ex intendente de Villa Hayes Ricardo Núñez (hermano del diputado Basilio Núñez) y Rubén Roussillón, gobernador de Presidente Hayes.
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“Todos estos están en espera de juicio oral por una suma aproximada de USD 20 millones, aproximada y presunta, porque la empresa TDP se negó a mostrar sus registros y se tuvo que calcular en estadísticas y se estimó, seguramente favoreciéndoles, USD 20 millones que la empresa no ha entregado en concepto de premios no retirados, motivo por el cual tenemos la Dibén y el Fonaress vacíos, la gente pobre y los excombatientes del Chaco también”, manifestó Amarilla.
Cuestionamientos
Asimismo, sostuvo que la firma Tecnología para el Desarrollo de Paraguay (TDP) no solo desfalcó en complicidad de los procesados y miembros de Conajzar, sino que otra vez está incurriendo en lo mismo en la nueva licitación que volvió a ganar para la explotación de la quiniela.
La legisladora indicó que la justificación de la empresa TDP para no pagar por los premios no retirados es que ellos no otorgan premios, sino que pagan los aciertos.
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La liberal cuestionó la capacidad intelectual de los miembros de Conajzar y aseguró que la citada empresa está dejando de pagar al Estado paraguayo con su complicidad.
“Con un ardid y en complicidad con la Conajzar están (los de TDP) dejando de pagar al Estado paraguayo. El pliego de bases de la licitación ganada actualmente define como premios los montos que se les atribuyen a los ganadores por acertar los resultados. Quien tiene aciertos va a recibir un premio”, remarcó.
La parlamentaria también leyó el reglamento que la propia empresa TDP hizo a pedido de la Conajzar, en el cual define nuevamente que los premios son los montos que se atribuyen a los ganadores por acertar los resultados.
"¡Pague lo que debe!”
“Los Wasmosy tampoco entienden lo que leen y eso que se fueron todos al San José. Señor Wasmosy, usted lo que paga es premios no aciertos y no conforme con todo lo que comió con las rutas de este país, ahora les está privando a los pobres de este país de dinero para comprar nebulizadores, prótesis, silla de ruedas. ¿Dónde está su señora con su fundación Jazmín que repartía sillas? ¡Pague usted ahora lo que debe!”, reprochó.
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Nuevamente, calificó de cómplices y mentirosos a los miembros de la Conajzar y pidió que justifiquen en el juicio oral los USD 20 millones no pagados por la empresa, aunque, desconfiada del Sistema de Justicia de nuestro país, cree que seguramente van a trabar 10 o 12 años el proceso.
Finalmente, Amarilla afirmó que nuevamente la empresa no está abonando en el concepto de premios no retirados, tras ganar nuevamente la licitación para la explotación de la quiniela, a diferencia de las empresas Talismán SA, que lleva abonados este año alrededor de G. 30.500 millones; Gambling, más de G. 6.000 millones, y DarumaSan, más de G. 500 millones.
La Fiscalía sospecha también que los procesados cedieron las atribuciones de fiscalización a una empresa privada en el caso de las tragamonedas, como también que existió una adjudicación de la quiniela a TDP en forma irregular.
La Conajzar, dependiente del Poder Ejecutivo, está compuesta por un representante del Ministerio de Hacienda, uno del Ministerio del Interior, uno de las municipalidades, otro de las gobernaciones y de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén).
