Dichas inversiones fueron realizadas en cumplimiento de la Ley de la Pensión Alimentaria, que tiene por objetivo contribuir a que adultos mayores en estado de vulnerabilidad abandonen el rango de pobreza en la que viven, destinando un pago mensual de G. 414.558, que representa unos G. 13.819 (USD 3) diarios por beneficiario.
Mediante esta política de Estado, desde agosto de 2010, ya se invirtió poco más de 212 millones de dólares, a setiembre de 2014, monto total que se duplicó en comparación al ejercicio fiscal 2012.
El aspecto resaltante de esta importante inyección económica es que los recursos fueron distribuidos entre los estratos más pobres de la sociedad sin la necesidad de movilizar a las personas más allá de los distritos donde residen o de las capitales departamentales, y que fueron descentralizados a través de la red de cajeros automáticos del BNF.
Este desembolso descentralizado de recursos, además de facilitar la inclusión socioeconómica de mayores de 65 años, que no podrían insertarse al mercado de no ser por una asistencia del Estado, inyecta importantes montos mensuales a la economía local de sus municipios.