Editorial

Dignificar el trabajo doméstico es señal de una sociedad con valores

El trabajo doméstico es una ocupación como cualquier otra, por lo que no se justifica desde ningún punto de vista la desigualdad presente en la actual normativa, recientemente modificada. Cualquier trabajador debería tener derecho a ganar el sueldo mínimo y a contar con los beneficios de la seguridad social. Un trabajo digno es la mejor señal que puede dar una sociedad sobre sus valores y su aspiración de futuro. Mientras existan personas que aunque trabajen 8 horas diarias no logren una vida con mínimos niveles de calidad, no podremos hablar de una sociedad solidaria ni de un país desarrollado.

La discriminación que enfrentan quienes se dedican al trabajo doméstico remunerado, mujeres en su mayoría, es un indicador más acerca de la distancia que nos aleja de vivir en un país que valora a las mujeres y sus actividades, además de mostrar cuán lejos estamos del desarrollo.

La desvalorización social que tiene el trabajo doméstico y de cuidado se refleja en la normativa vigente hasta hace unos días y en muchos de los discursos contrarios a la modificación de la misma. Estas son tareas imprescindibles, y por lo tanto de alto valor social y económico, para el crecimiento económico y el bienestar de la población, por lo cual deben ser consideradas tan importantes como cualquier otra.

Con la equiparación del salario mínimo se beneficiarán muchas mujeres y sus familias. Unas 200.000 mujeres se dedican a esta actividad en condiciones de alta precariedad e ingresos bajos.

Alrededor de 50.000 niñas trabajan como “criaditas”, realizando tareas de manera gratuita a cambio, supuestamente, de recibir acogida, alimentación y mantenimiento para poder estudiar. Muchos casos han salido a la prensa que desnudaron la verdadera situación de estas niñas y adolescentes, víctimas de todo tipo de violencia. El país mantiene invisible esta problemática.

Otras 200.000 jóvenes no estudian ni trabajan en el mercado porque están confinadas en sus hogares cuidando a personas mayores, con alguna discapacidad o niños. Ellas están aisladas del mundo, sin credenciales educativas ni posibilidad de autonomía económica.

Todas estas mujeres tienen una gran probabilidad de ser pobres y de transmitir su pobreza a lo largo de su vida y a sus hijos. Sus derechos a una vida libre de violencia, a la educación, a la salud y al trabajo son constantemente violados.

Ningún país que busque avanzar en el desarrollo puede sostener esta situación. No solo es un problema económico, sino fundamentalmente ético. Refleja el desprecio a una actividad fundamental para sostener la vida de las personas y para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria para el crecimiento económico en el corto, mediano y largo plazo.

Es muy triste leer y escuchar los argumentos en contra de una medida que es de lejos justa y contribuirá a que un gran número de familias vivan un poco mejor. Debemos madurar como país, asumir que no podemos tener ciudadanos de primera y segunda categoría o que unos deben vivir de manera permanentemente en la pobreza para que otros tengan un mejor pasar.

El Estado debe hacer lo suyo. Paraguay no cuenta con políticas de cuidado para la niñez u otra población en dependencia que brinden atención de calidad para ellos y a la vez garanticen que hombres y mujeres puedan trabajar y estudiar. Los hombres, por su lado, deben entender que compartir las tareas del hogar beneficiará a todos, por lo tanto deben colaborar para contribuir a una sociedad más solidaria.

Las docentes ya explicitaron la demanda de servicios de cuidado, lo cual es legítimo teniendo en cuenta que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres es la desigual distribución de las responsabilidades de cuidado y en las tareas domésticas.

La equiparación del salario es un paso fundamental para valorizar a las mujeres y que ellas dejen de estar en los discursos vacíos de contenidos en la realidad.

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