En el fallo, al que accedió EFE, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata impuso además penas de 25 y 18 años de prisión a otros dos acusados, tras un juicio oral que se extendió durante tres años y que investigó delitos cometidos en las comisarías 8.ª y 2.ª y en dependencias policiales ubicadas en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
“Los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y fueron cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la República Argentina entre los años 1976 y 1983”, afirmó el tribunal en el veredicto leído por la jueza Karina Yabor, acompañada por los magistrados Ricardo Basílico y Andrés Basso.
Entre los condenados a prisión perpetua figura el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Lamont Smart, además de cinco ex militares que integraban el Regimiento de Infantería 7 de La Plata: Jorge Alberto Crinigan, a cargo de inteligencia; Ismael Ramón Verón, jefe de operaciones; Enrique Ramón Cicciari, responsable de logística; y los oficiales de personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez.
También recibieron prisión perpetua los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale; y los ex policías bonaerenses Claudio Rubén Mejías y Raúl Ricardo Monzón.
Carlos Ernesto Castillo, ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), fue condenado a 25 años de prisión, mientras que el ex jefe de la Compañía A del Regimiento 7, Lucas Marcelo Castro, recibió una pena de 18 años.
Según el Ministerio Público Fiscal, esta es la sentencia número 27 dictada en la jurisdicción federal de La Plata desde la reapertura de las causas tras la anulación de las leyes conocidas como Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987).
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Durante el juicio se investigaron secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios y otros delitos cometidos contra trabajadores y militantes políticos de La Plata, Berisso y Ensenada; muchos de ellos vinculados a empresas como la petrolera YPF, Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica y el frigorífico Swift.
El Ministerio Público Fiscal destacó además que en la sentencia “se tuvieron en cuenta los delitos sexuales denunciados por algunas de las víctimas”, en línea con el reconocimiento judicial de la violencia sexual como parte del plan represivo desplegado durante la dictadura militar argentina.
El 24 de marzo de este año, Argentina conmemoró 50 años del golpe de Estado que dio inicio a un sangriento régimen militar responsable de graves delitos de lesa humanidad, muchos aún impunes.
Esta nueva condena se suma a las 357 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios en 2006 y eleva a más de 1.200 el número de condenados por crímenes de lesa humanidad desde entonces, de los cuales 419 permanecen detenidos, según estimó en marzo pasado la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Fuente: EFE.
