El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, descartó la propuesta de flexibilizar el tope fiscal para pagar las deudas con las empresas de la construcción y las farmacéuticas. Reiteró que el Gobierno plantea la ley de factoraje para alivianar a estos sectores. El funcionario aseguró que para la próxima semana se podría tener una definición al respecto. El funcionario conversó ayer con los medios de comunicación en el marco de su visita al Congreso Nacional.
“Yo no creo que esa sea la solución (flexibilizar el tope) permanente, al contrario, vamos a destruir la credibilidad que tenemos”, dijo el funcionario.
Carlos Fernández afirmó que para el Gobierno recurrir a la cesión de deudas mediante el respaldo de la Ley de Factoraje sigue siendo la mejor alternativa para poder cumplir con los proveedores del Estado. Incluyendo a las farmacéuticas.
“Hay otro mecanismo, por ejemplo, el factoring cuya reglamentación vamos a terminar la semana que viene. Sería cesión de deudas, pero apoyada por una ley que aprobó el Congreso, que fue el Presupuesto General de Gasto de la Nación y no una ocurrencia de un viceministro como ocurrió anteriormente”, afirmó.
PRESUPUESTO. Fernández Valdovinos minimizó las quejas emanadas desde el sector de la construcción, quienes señalan que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas es insuficiente y que la cartera ya no dispone de recursos para la ejecución de nuevas obras.
“Las obras, por lo menos, por lo que veo, de lo que entra de factura, están bastante bien. Siguen entrando alrededor de USD 40 millones (mes). Entonces, si siguen entrando facturas por ese monto, que es el mismo ritmo que tenían anteriormente, quiere decir que el ritmo de las obras sigue en el mismo”, señaló.
CONTROLES. Con respecto a las deudas del Ministerio de Salud con sus proveedores, el ministro del MEF mencionó que la cartera sanitaria realiza “ajustes” para que no solamente se tenga que “dar plata”, sino que esto se traduzca en más medicamentos en los hospitales.
El Estado adeuda unos USD 400 millones a las empresas de la construcción, mientras que, al cierre del 2025, lo adeudado a proveedores del Ministerio de Salud, alcanzaba los USD 800 millones.
Los gremios del sector de la construcción sugirieron a las autoridades la flexibilización del tope fiscal del 1,5% de modo a cumplir con los compromisos financieros acumulados.
