El pasivo paraguayo llegaba a los USD 9.498,7 millones antes del inicio del distanciamiento social impuesto por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus, lo que representaba el 23,8% del PIB. Sin embargo, tras la emisión de títulos cerrada este jueves y las transferencias hechas por el BID y el Banco Mundial, autorizadas por la Ley de Emergencia Económica, el total subió a los USD 10.788,7 millones (ver la infografía).
Estas operaciones hacen que el endeudamiento nacional esté ya orillando el 30% del PIB, tope indicado como prudente por organismos internacionales. Ante este panorama, los economistas Hugo Royg, de la consultora Mentu, y Aníbal Insfrán Pelozo subrayaron que, si bien lo importante en este momento es conseguir los fondos necesarios para superar la emergencia, el aumento del pasivo empuja al Fisco a plantear en el corto plazo una serie de reformas para garantizar la sostenibilidad de la deuda.
Para el directivo de la consultora Mentu, el incremento de los costos socioeconómicos generado por la pandemia obliga a idear cambios para mejorar el ahorro fiscal mediante el uso eficiente de los recursos y una mejor capacidad para generar ingresos.
En ese sentido, remarcó que la pregunta que deben hacerse los agentes económicos del Gobierno es si existe un esquema eficiente de administración que garantice capacidad de pago en el futuro.
“Si soy un país de renta baja, mi chance de seguir endeudándome es menor. El nivel actual del pasivo está por debajo de las recomendaciones, pero, ¿por qué es preocupante? Porque tenemos déficits sistemáticos y crecientes, y también tenemos un gasto muy malo”, expresó.
INSTITUCIONALIDAD. Por su parte, Aníbal Insfrán Pelozo resaltó que la deuda que está tomando el país, principalmente mediante bonos, van saliendo con condiciones favorables y permiten financiar las urgencias, pero coincidió con Royg en que mejorar el ahorro fiscal es uno de los desafíos del Gobierno.
A su criterio, el nivel de la deuda es aún razonable y permite maniobrabilidad; sin embargo, dijo que si no se mejora el esquema actual, el espacio será cada vez menor para el endeudamiento, lo que podría implicar también menos inversión pública.
Enfatizó que esta crisis es una oportunidad no solo para reformar el gasto y los ingresos, sino el Estado en sí, desde su rol en la economía, en la salud, en la educación y en los servicios que presta a la gente. Para esto es fundamental generar institucionalidad. “Una reforma implica saber qué Estado queremos. Todo debemos poner sobre la mesa aprovechando esta crisis y debemos generar institucionalidad para ello”, reflexionó.
CONTINGENCIA. La Ley de Emergencia autoriza al Gobierno a contraer un endeudamiento de hasta USD 1.600 millones para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
El Ejecutivo recurrió rápidamente a un crédito puente del BCP por USD 500 millones para los gastos más urgentes. Posteriormente, se informó que se recibieron los desembolsos del BID por USD 90 millones y del Banco Mundial por USD 200 millones, a lo que se sumó la emisión de bonos por USD 1.000 millones concretada el jueves, parte de la cual será destinada a pagar al BCP.
La cartera asegura que la deuda sigue siendo razonable, debido al bajo nivel en comparación a la región. No obstante, reconoce que tras superar la crisis, se deberá discutir una profunda reforma del Estado.
