De acuerdo con el reporte publicado ayer por el Ministerio de Hacienda, el pasivo paraguayo llegó a los USD 15.053,7 millones al término del pasado diciembre. Esto representa el 36,6% del producto interno bruto (PIB) y va distanciándose cada vez más del umbral del 30% que era recomendado como prudente por diversos organismos y expertos.
El reporte de la cartera fiscal da cuenta que la deuda pública registró un crecimiento de USD 1.422,4 millones el año pasado, considerando que a diciembre del 2021 ese indicador se ubicaba en USD 13.631,3 millones. En términos porcentuales, la variación es del 10,4%.
El crecimiento del pasivo estatal se debe, principalmente, al aumento del financiamiento externo vía créditos. El año pasado, el Tesoro suspendió las emisiones de bonos por las elevadas tasas que estaban imperando en los mercados internacional y local.
Los organismos multilaterales se mantienen como los principales acreedores del Estado. Encabeza este listado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a quien nuestro país adeuda USD 3.183,5 millones. Lo siguen el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con USD 2.018,5 millones; y el Banco Mundial con USD 885,4 millones.
El 88,5% del total de la deuda corresponde a obligaciones asumidas en el extranjero; mientras que el restante 11,5% a obligaciones asumidas en el mercado interno.
Hace dos años, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) alertaba semana sobre los riesgos del endeudamiento público en Paraguay. Desde que empezó la vorágine de endeudamiento una década atrás, economistas, referentes de la prensa y la ciudadanía en general también alertaban sobre el riesgo; sin embargo, al parecer las autoridades económicas continúan sin tomar conciencia.
La situación empeora si se considera que luego de más de una década de endeudamiento para infraestructura no se observan efectos multiplicadores ni en el sistema tributario ni en el mercado laboral, por lo que la vez que persisten los déficits en los servicios públicos, los hogares no logran contar con ingresos laborales dignos para garantizar calidad de vida.
El Ministerio de Obras Públicas, una de las instituciones que más recursos recibe proveniente del endeudamiento; muestra grandes problemas de eficiencia derivado de obras innecesarias, mal planificadas o con sobrecostos.
A pesar de esto, no hay ninguna evidencia de evaluaciones, planes de mejora, acciones que permitan a la ciudadanía suponer que hay voluntad para cambiar la forma de decidir las obras y de implementarlas.
Las autoridades económicas en lugar de preocuparse restan relevancia al problema a pesar de la extensa bibliografía existente sobre los efectos en el bienestar de la población de deudas insostenibles, más todavía en un país cuyos indicadores lo ubican entre los países menos desarrollados de la región.
El país debe contar con una política de endeudamiento seria y no apelar a esta modalidad de financiamiento casi por comodidad, y además debe garantizar que esos recursos tengan impacto en la economía y el bienestar. Estamos condenando a la generación presente al pago de una deuda que no está ni siquiera beneficiándoles en el presente.
Quienes terminarán pagando la deuda hoy están recibiendo una educación, salud y protección social mínima y de pésima calidad, con lo cual las posibilidades de acumulación de capital humano son ínfimas. Sin embargo, son ellos los que con su trabajo generarán los impuestos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos por el país.