En ese sentido, el titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR), mencionó que existen posturas dispares en relación a la vía que debe ser utilizada para la remoción de su colega y correligionario.
Sin embargo, adelantó que particularmente considera que debe ser por medio de la pérdida de investidura y no un simple acto administrativo.
“Lo de Ulises se estaría definiendo mañana (por hoy) no sé si por vía administrativa o si alguien va a solicitar su pérdida de investidura, se debatirá en el pleno. Algunos dirán que no corresponde y otros que sí. Nosotros permiso ya no vamos a otorgar, por lo menos es la postura de la mayoría de las bancadas. Creemos que si él (Ulises) no tuvo la posibilidad que un juez le otorgue una medida sustitutiva a la prisión y él pueda venir a cumplir con su labor, nosotros nos vemos en la obligación de sacarlo de la Cámara”, puntualizó.
Señaló que ante la ambigüedad del reglamento interno y las posturas encontradas, solicitó a los asesores y a los secretarios generales que den su parecer. “El reglamento no es muy claro, ver las tres ausencias y la situación en la que él está y por los motivos que está siendo investigado. Se complica un poco el hecho que está inhabilitado, porque no es una cuestión de que se va a ir un ratito y va a volver. Su motivo es porque está recluido en una penitenciaría”, remarcó Alliana, al tiempo de añadir que él “particularmente entiendo que (la remoción) no puede ser por la vía administrativa y voy a pedir un dictamen en Asesoría porque entiendo que se tiene que plantear la pérdida de investidura”, aseveró.
PERMISO. Recordó que el año pasado se le dio un permiso a Quintana mientras estaba preso y que ya reconocieron que fue un error y no cree que ahora nadie esté en condiciones de repetir ese error a sabiendas de que se hizo mal.
“Lo de Ulises va más bien por ahí y es solo cuestión de tiempo que mañana alguien plantee su pérdida de investidura, porque nadie se opondría”, acotó.
Mencionó que la pérdida de investidura de Ulises puede abrir la posibilidad para que se concreten otras destituciones, atendiendo a que otros legisladores se encuentran con procesos abiertos, como es el caso de Miguel Cuevas, Carlos Portillo y Tomás Rivas, aunque los casos son distintos. “Estamos hablando de una persona que está privada de su libertad y no está pudiendo venir a cumplir con su labor y aparte están los cargos. Estamos hablando de narcotráfico y otras cuestiones”, dijo.
El artículo 20 del reglamento interno establece en su segundo párrafo que en los casos que las ausencias fuesen injustificadas y reiteradas, el presidente llamará al orden al diputado; si este persistiere en tales ausencias, le sancionará con el descuento de su dieta por las sesiones a que hubiere faltado. En tanto el artículo 22 dice que la Cámara es juez exclusivo de sus miembros y por mayoría de dos tercios podrá amonestar a cualquiera de ellos o excluirlo de su seno, por desorden de conducta en ejercicio de sus funciones, por incapacidad o por inhabilidad física o mental, debidamente comprobada. El artículo 23 señala que en caso de exclusión, renuncia, inhabilidad, muerte o permiso de un diputado ya incorporado, le sustituirá el suplente que figure en el orden de precedencia en la lista. En este caso la diputada Rocío Abed.