En el encuentro se abordaron los casos de corrupción pública que se encuentran en el sistema judicial, como los casos de los diputados Miguel Cuevas, Tomás Rivas y otros.
María Esther Roa, del grupo CACE, habló de crear una “red ciudadana contra la corrupción”. Dijo que en Paraguay no se castiga la corrupción y si se castiga, pocas veces los culpables devuelven lo robado.
“Lograr que el Poder Judicial condene ejemplarmente esa conducta, y sobre todas las cosas, recupere el patrimonio robado es la meta”, señaló.
Por su parte, María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judicial, dijo que “la corrupción vulnera de manera directa los derechos humanos fundamentales, genera mayor exclusión y debilita la democracia”.
También se analizaron las diversas experiencias de lucha de cada uno de los ciudadanos que acudieron ayer.
Por citar algunos casos, desde San Antonio acudieron unos ciudadanos que manifestaron la intención de destituir al intendente Raúl Mendoza por los casos de corrupción que afronta, ya que hay un faltante de más de G. 1.200 millones en su administración.
También, los ciudadanos de Caraguatay indicaron que la Policía Nacional está siendo mal utilizada y que se ningunea a los policías. Agregaron que los políticos actuales “son mercenarios de la política”.
Del conversatorio también participaron los denunciantes de Mocipar, quienes entablaron varias demandas contra el propietario de la empresa, Dany Durand, actual ministro de la Vivienda y Urbanismo.
Norma Martínez relató que se encontraron con trabas en la Fiscalía para denunciar a Durand, ya que por tratarse del ministro, los asistentes fiscales no podían tomar la denuncia, hasta que María Esther Roa del grupo CACE, intervino para lograrlo. No obstante, recién ahora, se está moviendo el expediente, precisó.
