Desde el Ejecutivo defienden aceptación a veto sobre DDJJ

Desde el Poder Ejecutivo celebraron que el Senado aceptó el veto al proyecto de ley que pretendía despenalizar los olvidos en las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. El asesor jurídico de la Presidencia de la República, César Trapani, sostuvo que la ley permitirá el control y la transparencia de los órganos legislativos.

Trapani manifestó que el proyecto de ley pretendía cercenar el relacionamiento que existe entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Indicó que el Ejecutivo se basó en cuatro argumentos sólidos para vetar el documento.

“El proyecto de ley pretendía modificar varios artículos de la ley que reglamenta las DDJJ de funcionarios, un artículo en especial, el artículo 14, lo que hacía era alterar el segundo párrafo, es el que establece y reglamenta el relacionamiento entre la Contraloría y el Ministerio Público con respecto a la comunicación de indicios de hechos punibles una vez que termina el proceso y análisis de las declaraciones juradas. El Poder Ejecutivo entendió que si se alteraba la redacción del artículo 14 de esa manera iba a quedar aminorado, oscuro o en entredicho ese deber que tiene la Contraloría de comunicar cualquier irregularidad que tenga apariencia del cometimiento de un delito”, sostuvo.

El documento pretendía ser una avivada del bloque cartista de Diputados, que intentó modificar el artículo 14 de la Ley de Declaraciones Juradas, estableciendo que el declarante realice “en cualquier momento” las rectificaciones que considere convenientes.

El proyecto de ley buscaba eliminar la facultad de la Contraloría General de la República (CGR) de denunciar ante el Ministerio Público los errores y las omisiones voluntarias, así como dejar abierto el plazo de corrección del documento.

“Los argumentos del Ejecutivo fueron de que las declaraciones juradas de bienes y rentas son uno de los mecanismos institucionales para tener un gobierno transparente y responsable, que la Contraloría tiene ese papel preponderante en lo que supone la administración de las DDJJ, que no puede dudarse del deber que tiene la Contraloría ante hallazgos de indicios de hechos punibles y que la Contraloría tiene cierto poder reglamentario para aplicar los protocolos necesarios para salvaguardar su trabajo; es decir, aquellos indicios que ameriten hacerlo al Ministerio Público”, añadió Trapani.