Por una parte, se descubrió que una de las personas que supuestamente emitían las facturas es en realidad un albañil de escasos recursos. Por otro lado, se identificó a una mujer que reside en Chile desde el 2016 y que había viajado, buscando mejorar su situación económica porque tiene una niña enferma.
Se pudo comprobar que ambos en realidad no tenían la capacidad económica para proveer los insumos consignados en estas facturas.
Explicó la fiscala Alma Zayas que el monto de estas facturas presentadas por uno de los contribuyentes asciende a G. 500 millones del 2016 al 2017 (un brasileño). Luego las rectificativas fueron presentadas en el 2018.
“El monto respecto a todas las facturas que fueron presentadas asciende a G. 24.000 millones respecto al albañil y respecto a la señora que reside en Chile, G. 1.600 millones”, explicó la fiscala, totalizando G. 25.600 millones. Detallaron que habría una evasión de G. 5.000 millones.
FUNCIONARIO IMPLICADO. Luego de meses de investigación, se hizo ayer un allanamiento en un estudio contable y en la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda. El funcionario involucrado es de la mencionada dirección. Se sospecha que el mismo solicitó la impresión de estos talonarios de las facturas presentadas.
“Tenemos en la mira a un funcionario de Hacienda que habría solicitado impresiones en contubernio con una imprenta gráfica. Este realizó este pedido y estamos en la mira de más funcionarios de Hacienda”, informó la fiscala.
Los RUC de ambas personas citadas al comienzo estaban inactivos, pero este funcionario habría modificado en el sistema informático del Ministerio la actividad a la que se dedicaban y activó de nuevo. Se sospecha que habría una red de contadores (72 involucrados) que utilizarían las facturas en declaraciones juradas para evadir impuestos. Además, se identificó a un contribuyente brasileño, Ivo Coldebella, quien se beneficiaría con el esquema.