Política

“Desconocer el rol de la Corte IDH sería seguir el camino de Venezuela”

Para la especialista es un acto irresponsable poner en duda el debido proceso en este órgano de la OEA. Dice que el criterio que prima allí no es cómo castigar a un Estado, sino cómo proteger a la víctima.

Cuando en 1989 el Paraguay ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y decidió sumarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, transmitió un mensaje clave al resto del mundo, que fue asumir la responsabilidad de protección de los derechos humanos, por una ecuación simple: “No hay democracia sin derechos humanos”. Rosa María Ortiz, la compatriota que llegó a ser vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y miembro por Paraguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dice que con ese acto el Paraguay reconocía la competencia de la Corte IDH. Por eso, dice, “uno no puede simplemente denostar contra la CIDH y la Corte IDH, como si fuera una alegre opción”. La segunda parte de una entrevista con ella, transcurre de este modo:

–¿Por qué lo plantea así?

–Porque son las reglas del juego que se aceptaron libremente. Entonces, no se puede decir ahora: estamos en contra de los DDHH o en contra del Sistema Interamericano de DDHH, porque queda mal. Queda como un país que favorece un sistema de impunidad y violación de derechos, y va en contra de todo lo que estuvo haciendo durante 30 años en este campo.

–¿Es factible salirse del Sistema Interamericano y continuar en la OEA?

–Lo que se puede es denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y desconocer el rol de la Corte IDH. Eso sería seguir el camino de Venezuela y de Trinidad y Tobago, pero no se puede salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y seguir siendo miembro de la OEA, porque este órgano es parte de la Carta de la OEA.

Con respecto a las recomendaciones que hace la CIDH, yo que estuve adentro, y puedo decirles que me saco el sombrero con respecto a la seriedad con que se toma cada caso. Se reciben como 2.000 peticiones por año, y se adoptan alrededor del 10 %. O sea, no es cualquier petición. Pasan como cinco años hasta que se decide la admisión.

–¿Por qué tantos años?

–Porque son muchos casos y porque cada uno debe investigarse para ver si realmente es una situación que amerita que la CIDH intervenga. Hay condiciones, como el que deben agotarse las instancias internas de cada Estado, a no ser que no existan las leyes que protejan efectivamente la situación denunciada.

Después de aproximadamente unos cinco años, cumplido el proceso de investigación, la CIDH toma la decisión de adoptar el caso como una petición, abre a trámite y envía al Estado.

Entonces, el Estado tiene todas las posibilidades de investigar lo que pasó, de reparar lo que haya que reparar, de hacer lo que no se hizo, para no iniciar un pleito. Lo que prima no es cómo castigar a un Estado, sino cómo proteger a la víctima.

–Se puede llegar a una solución amistosa también entre las víctimas y el Estado, como ha ocurrido con Paraguay en el caso de arreo de niños de la calle…

–Sí, existen también situaciones de solución amistosa. Y recién cuando la CIDH estudia y reconoce de que hubo una violación grave de DDHH y constata que el Estado no cumple con las recomendaciones que tienen que ver con reparación a la víctima y la adopción de medidas para no repetición del caso, ahí es que decide mandar a la Corte.

No es a la ligera. Lo que se intenta por todos los medios en no mandar a la Corte. Es más, la Corte es muy exigente de que la CIDH no mande cualquier caso. Tienen que ser casos que realmente ameriten, que sean paradigmáticos y que sirvan para construir un Estado con más garantías de derechos. La CIDH tiene una serie de limitaciones y condiciones a la hora de admitir la petición y a la hora de remitirla a la Corte.

–Entonces cuando pasa a la Corte, ¿es porque realmente amerita?

–Cuando un caso pasa a la Corte, es porque la situación es grave. Ahí empieza todo de cero. Y no se puede salir a decir que la Corte-IDH no observa el debido proceso. Imagínense, si es un órgano que juzga a todos los Estados.

En cuanto a la CIDH, muchas veces se discutió si las recomendaciones de la Comisión son obligatorias, porque no es un juzgado.

Sin embargo, la CIDH es cuasi jurisdiccional, existe el acuerdo en la Convención de reconocer las funciones de este órgano, y, por lo tanto, de reconocer sus recomendaciones. Entonces, no tiene sentido ser parte de un club, y no cumplir las reglas. En ese sentido, la Corte-IDH se manifestó, a pedido de un Estado, por medio de una opinión consultiva, respecto a si las recomendaciones son obligatorias. La Corte, por su parte, es un tribunal y su sentencia es obligatoria.

–¿Qué pasa si un Estado se niega a cumplir la condena?

–Si todos estamos en una organización que se basa en los derechos y que reconoce a estas instancias, pero un Estado no cumple las recomendaciones y sentencias de estos órganos, pues será señalado como un mal socio, como un Estado que no cumple los derechos humanos.

Paraguay ha sido señalado como buen ejemplo en varios casos. Estamos orgullosos de muchos pasos que el país ha dado en sentido favorable. Lo que da pena es que ahora se ponga en riesgo eso, y que exista un retroceso.

En derechos humanos no puede haber retrocesos, menos en un país como Paraguay, que busca lavarse la cara de un régimen tan duro como fue la dictadura.

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