Editorial

Denuncias del Gobierno deben ser afirmadas con documentos

Al cumplirse el primer mes de gestión, miembros del Gabinete del presidente Mario Abdo Benítez lanzaron fuertes denuncias acerca de presuntas irregularidades atribuidas a la administración anterior, pero los casos no se han podido sostener con evidencias concretas. El propio jefe de Estado alertó que existiría una conspiración en su contra, pero tampoco brindó detalles para individualizar a los responsables. La falta de elementos contundentes para demostrar las acusaciones hace que todo quede en intervenciones mediáticas, que aparentan lograr un efecto político, pero pueden tener el efecto búmeran de que no resulten creíbles o que sean tenidos como irresponsables. Es de esperar más seriedad por parte de los voceros del Ejecutivo.

El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ha cumplido su primer mes de gestión, en medio de fuertes denuncias realizadas por varios de sus ministros acerca de supuestas irregularidades cometidas por la anterior administración y con el propio jefe de Estado advirtiendo sobre una presunta conspiración en su contra por parte del cartismo, pero ninguna de las acusaciones ha podido ser sustentada hasta ahora con documentos o evidencias concretas.

Uno de los casos más resonantes fue la denuncia hecha por el actual ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien denunció que habían encontrado más de 10.000 kilos de medicamentos e insumos vencidos por irresponsabilidad de sus antecesores, lo cual generó mucha indignación en la ciudadanía, debido a la crisis de hospitales y centros de salud colapsados y desabastecidos. También aseguró que se encontró con un gran descalabro financiero, con una deuda total de 250 millones de dólares, de los cuales 170 millones serían solo por medicamentos.

Sin embargo, ante los requerimientos periodísticos y las protestas de los acusados, Mazzoleni no pudo precisar en dónde se encontraba esa gran cantidad de medicamentos vencidos y se justificó arguyendo que existe una debilidad en el sistema que no permite esclarecer lo denunciado y aceptando que la denuncia acerca de la deuda ya era antigua. Además, cayó en un innecesario conflicto con funcionarios de salud, cuando la Secretaría de la Función Pública anuló 5.000 concursos para ingresar al sistema de Salud Pública. Ante la airada revuelta de los trabajadores, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás.

Otra denuncia que resultó bochornosa fue la que hizo el ministro de Educación, Eduardo Petta, cuando acusó que había detectado unos 1.200 planilleros en su sector, pero tampoco pudo dar a conocer la lista de casos. Lo mismo pasó con el ministro de Agricultura, Denis Lichi, quien denunció irregularidades en el uso de 40 millones de dólares de los bonos soberanos del MAG, pero luego dijo que recién lo podrá confirmar cuando acabe la auditoría, dentro de 40 días.

El propio presidente Mario Abdo Benítez alertó en un discurso que está en marcha una conspiración para sacarlo del poder en apenas dos años, dando a entender que proviene del sector político de su antecesor Horacio Cartes, pero tampoco brindó mayores detalles.

La falta de elementos contundentes para demostrar las acusaciones hace que todo quede en intervenciones mediáticas, que aparentan lograr un efecto político, pero pueden tener el efecto búmeran de que no resulten creíbles o sean tenidos como irresponsables. Es de esperar más seriedad por parte de los voceros del Poder Ejecutivo.

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