La denuncia es por la adquisición de seis comisarías móviles a un precio exorbitante, además de otros artículos, como notebooks.
Incluso, una de las sedes policiales apostadas en Luque sufrió daños en su infraestructura el pasado sábado, por efecto del temporal.
“Con esto se demuestra una vez más el mal manejo del dinero público por parte del ministro, que constituye una clara violación al deber de integridad que, en razón de su cargo, le está confiado; además de una lesión a los intereses patrimoniales del Estado”, manifestó Roa Correa.
En la denuncia, refieren que la cartera estatal pagó G. 493 millones por cada comisaría móvil, con un supuesto sobrecosto hasta de 16 veces, atendiendo a que se adquirieron mobiliarios a un precio unitario de G. 7 millones las mesas, G. 7.350.000 los armarios, G. 5.450.000 las heladeras, G. 4.053.000 los matafuegos y G. 4.500.000 los asientos tipo bancos de tres cuerpos, entre otros artículos, cuando que el precio de mercado es mucho menor.
Además, el documento resalta que tres de las seis comisarías se adquirieron en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana, mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y las otras tres con presupuesto propio de la mencionada institución.
Asimismo, mencionaron que el Ministerio del Interior adquirió PC portátiles a un precio unitario de USD 2.000, cuando en el mercado, los modelos más avanzados no superan los USD 750.
Desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirmaron la semana pasada que suspendieron los pagos del contrato para las comisarías móviles.
No obstante, cuenta con garantía de la empresa TSV del Paraguay, que es la que proveyó al Estado las comisarías.
Pidieron su cabeza
Familiares y policías retirados pidieron el mes pasado la destitución del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para modificar la Ley Orgánica de la Policía, pero las crispaciones se incrementaron tras el asesinato del comisario Félix Ferrari.
