En el lugar, la comitiva fiscal fue recibida por el asesor jurídico David Llano, quien hizo entrega de informes referentes a nóminas de funcionarios que tendrían acceso al sistema de cuentas corrientes y operaciones bancarias.
El caso guarda relación con un contrato entre la Gobernación y la empresa denominada Galuar S.A., que habría sido adjudicada para la ampliación de una obra “efectuada” en un galpón denominado bloque D. Este lugar no existiría, según las investigaciones.
Los datos señalan que en los últimos 5 años esta empresa nunca se presentó ni fue adjudicada para concretar trabajos en la Gobernación, informaron desde el Ministerio Público.
En fecha 17 de agosto del 2015 se pretendió efectivizar el monto de uno de los cheques, en una cuenta habilitada para royalties de la Gobernación. La operación se iba a realizar en ventanilla de la sucursal del banco Sudameris de Mariano Roque Alonso. La comitiva verificó las dependencias de la institución donde se labró acta del procedimiento.
Para el efecto, varios funcionarios administrativos fueron convocados por la representación fiscal para prestar declaración testifical los días lunes y martes de la próxima semana. Estas personas se encuentran a cargo del acceso al sistema de cuentas y control de firmas bancarias.
Al respecto, la fiscala Torres manifestó que el cheque no pudo ser efectivizado porque en esa fecha el gerente del banco consideró que era una operación arriesgada, por lo que se puso en contacto con los administradores de la Gobernación, quienes se interiorizaron del caso y dieron la orden de no pago.
“No descartamos que funcionarios de la institución estén involucrados en connivencia con los del banco”, agregó.
Las autoridades actuales de la Gobernación dejaron constancia de que nunca hubo contrato alguno, ni por licitación ni por contrato directo, con la mencionada empresa que se dedicaría a la construcción.
Asimismo, afirmaron que son los primeros interesados en que se aclare el caso.
