La ONG así lo concluyó tras investigar la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otros organismos federales en esas operaciones, realizar 154 entrevistas y analizar más de 30 pruebas audiovisuales.
Los resultados de la pesquisa están contenidos en un informe de 130 páginas, publicado este jueves bajo el título “Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE”.
Las violaciones de DDHH constatadas por la ONG incluyen discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, especialmente fuerza letal, que en algunos casos podría constituir ejecución extrajudicial, indica un sumario.
También “represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada”.
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Posibles “ejecuciones extrajudiciales”
Según AI, el sistema de detención y deportación masivas del Gobierno de Donald Trump está impulsado por “discursos falsos, xenófobos y racistas” y “teorías de supremacía blanca”, y dirigido “al mayor número posible de personas racializadas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”.
En ese sentido, detalla que las operaciones en las cuatro urbes se basaron en acciones discriminatorias por motivos raciales, lo que derivó en detenciones arbitrarias, y fueron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de los agentes federales.
En concreto, AI enumera como ejemplos de uso ilegítimo de la fuerza letal los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González, en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis, y Philip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington DC.
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“Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, señala el documento.
Asimismo, denuncia la represión de protestas y el uso de armas de letalidad reducida como gas lacrimógeno y spray de pimienta contra integrantes de redes de respuesta rápida, observadores o manifestantes, así como el uso de tecnologías de reconocimiento facial que violan el derecho a la privacidad.
Reclama el “desmantelamiento” de ICE
En cuanto a las detenciones, AI observa un “patrón generalizado” de uso indebido de oficinas de campo, centros de procesamiento y edificios de organismos oficiales para detenciones prolongadas, en algunos casos en “condiciones inhumanas” y con “coacción”, que asegura pueden constituir “tortura”.
También documenta que a los detenidos se les negó el acceso a asistencia jurídica y a sus familiares, que a los abogados se les impidió contactarles y que, a veces, el ICE rechazó a confirmar si tenían a alguien bajo custodia o revelar su paradero, lo que constituye “detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada”.
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Las violaciones de DDHH no se atribuyen a las conductas individuales de agentes, a la formación insuficiente ni la falta de supervisión, agrega, sino a un entorno institucional “apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump”, incluyendo la falta de rendición de cuentas.
Para la ONG, la “magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse de manera adecuada mediante reajustes específicos”, por eso concluye que el “fundamental desmantelamiento” del ICE es “necesario” para adaptar el sistema a las obligaciones internacionales.
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Por último, destaca que los operativos “crearon un clima generalizado de temor que se extendía por las comunidades migrantes” y más allá, con mucha gente retirada de la vida pública, lo que alteró la normalidad en escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios.
Fuente: EFE.
