La acción fue promovida ante la Fiscalía General del Estado. Los legisladores se exponen a 10 años de prisión y la conducta se puede catalogar como uso indebido de influencias o tentativa de uso indebido de influencias.
El abogado Federico Gómez Báez explicó que debido a la gravedad del hecho recurrieron a la denuncia formal ante la Fiscalía contra los legisladores que presentaron la nota ante la Corte Suprema de Justicia planteando abiertamente que no publiquen las declaraciones juradas, justo antes de que la máxima instancia resolviera la publicación de los documentos.
Los denunciados son los diputados colorados Pedro Alliana, Basilio Núñez, Cristina Villalba, Rocío Abed, Miguel Tadeo Rojas, Del Pilar Medina, Nazario Rojas, Hugo Ramírez, Blanca Vargas, Justo Zacarías, Néstor Ferrer y Derlis Maidana. La lista sigue con Freddy D’Ecclesiis, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Carlos Núñez Salinas y Roberto González.
Entre los liberales que intentaron hacer el apriete están Édgar Ortiz, Andrés Rojas, Hugo Capurro y Enrique Mineur.
Los dirigentes colorados que accionaron señalaron que había un juicio de por medio y los legisladores, como terceros, introdujeron un escrito mediante un abogado y “presionaron” a los altos magistrados de la Corte.
“Le recusaron al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Primero a la Sala Constitucional y después se entendió el caso ante el pleno de la Corte. Como consecuencia de eso, hay declaraciones como del ministro Alberto Martínez Simón, de que ellos fueron presionados. Que hubo un apriete y chantaje hasta amenaza de juicio político contra ellos si es que fallaban”, argumentó Gómez tras la presentación.
Los diputados cartistas, abdistas y llanistas habían recusado a los ministros en calidad de terceros interesados, pero el pedido finalmente fue desestimado.
El argumento esgrimido por los diputados es que la sentencia podría afectarles ya que con la publicación de las declaraciones juradas, sin su intervención, les pondría en riesgo ya que es información “de sensibilidad extrema”, y se faltaría al debido proceso, además de infringir la Ley 5033 de las Declaraciones Juradas.
DELITO. La maniobra realizada por los legisladores puede estar tipificada como delito por el Código Penal como coacción a un órgano constitucional.
Hubo violación del artículo 3 de la Constitución Nacional y la comisión de hechos punibles contra órganos constitucionales, tipificados en el artículo 286 y 287 del Código Penal de acuerdo con las consideraciones de hechos, según la denuncia.
El artículo 3 que habla sobre el poder público señala que el gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. “Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a la persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público”, refiere la acción planteada ante el Ministerio Público.
“Están todos los artículos del Código Penal y la pena privativa hasta 10 años de prisión si la falta es muy grave. Se exponen hasta a 10 años de cárcel si se avanza en la investigación”, aseveró Gómez.
Entre los firmantes de la acción están Pedro Ortiz, Atilio Giménez, Juan Bueno Jara y Alberto Ledesma. El ex senador Hugo Estigarribia también había cuestionado la intervención legislativa ante la Corte Suprema de Justicia.
Se aguarda avance sobre la línea de investigación de las DDJJ
Hace dos semanas que la Contraloría General de la República liberó la publicación de las declaraciones juradas de bienes de las autoridades que ocupan cargo desde 1998 hasta el 2017.
Como antecedente, el periodista Juan Carlos Lezcano había presentado un amparo constitucional para la publicación de todas las declaraciones juradas de bienes y rentas de las autoridades en los últimos 20 años. La Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada por la Corte.
El lunes pasado se realizó la primera reunión de la mesa de trabajo interinstitucional para considerar el inicio de una investigación penal en torno a las declaraciones juradas de aquellos políticos que tienen un incremento exagerado de su patrimonio a partir de ocupar un cargo público.
El equipo que se reunió está integrado por la Fiscalía, la Subsecretaría de Tributación, fiscales de delitos económicos y la Contraloría General de la República.
Trazaron acciones de trabajo en relación a los análisis y exámenes de las declaraciones juradas.
Buscarán la trazabilidad y los tipos de informes para establecer una línea de análisis e investigación.
Los hechos que serán investigados se circunscriben dentro de la categoría de casos de corrupción. Hay fuerte presión mediática y social para acelerar el trabajo de investigación.
