Así explicó ayer a este diario el abogado Sergio Brítez, que representa las empresas Copanu SA y Martek Shipping SA. Indicó que las embarcaciones en cuestión tomaron cargas en el puerto privado Caacupemí, ubicado en Zeballos Cué, Asunción, por lo que representantes de las firmas afectadas solicitaron a la Prefectura General Naval que tome medidas que impidan la salida del convoy del puerto de referencia.
Según comentó, llamativamente e intercambiando informaciones sobre el caso, accedieron a una disposición de la Dirección General de la Marina Mercante, donde autoriza a la firma Conay SA a operar el convoy integrado por barcazas y remolcador argentino “entre los puertos de Santa Fe (Argentina) y los puertos paraguayos Caacupemí (Pilar), Terport (Villeta), Puerto Seguro Fluvial, Caacupemí, Fénix y Puerto San José”.
Resaltó que si la carga tiene origen o destino final a puertos de países signatarios del acuerdo de la Hidrovía Paraguay Paraná, la Ley de Reservas de Cargas queda suspendida. No obstante, alegó que se cree que esta sería simplemente una intención de hacer figurar dichos puertos para introducir las naves argentinas, pues en los registros históricos no se observan volúmenes de importación o exportación entre Santa Fe y Paraguay.
“Todos los contenedores de importación y exportación utilizan los puertos de Buenos Aires o Montevideo, que se encuentran fuera del acuerdo de Hidrovía, por lo que la Ley de Reservas de Cargas se encuentra en plena vigencia y debe ser observada y cumplida por la Prefectura General Naval y la Dirección General de la Marina Mercante. Se trata del atropello más grande a los intereses de la Marina Mercante Nacional”, enfatizó.
