Hace aproximadamente dos meses un grupo de supuestos campesinos sin tierras invadieron una propiedad privada ubicada en el distrito de Puerto Antequera, en el Departamento de San Pedro, con el pretexto de que había excedentes. Se instalaron en una reserva boscosa de 500 hectáreas y comenzaron a talar árboles con motosierras y hacer postes para comercializarlos en la zona.
Se formuló la denuncia por invasión de inmueble de la Ganadera Yaragua SA, dueña de 8.173 hectáreas, en donde los invasores levantaron precarios ranchos en un sector en el que existe reserva de bosque protegida por resolución del Ministerio del Ambiente.
Los invasores están cometiendo todo tipo de atropellos, según los dueños. Coaccionan y amedrentan con amenazas a los directores y trabajadores de la sociedad, creando zozobra en la zona y generando una tremenda inseguridad. Ya no pueden trabajar en su propiedad, lo que ha llevado a que sus pérdidas ya sean cuantiosas.
Lo más lamentable, según denunciaron, es que no encuentran respuestas de la Policía Nacional, ni del Ministerio Público.
“Estas instituciones no actúan, pese a haberse arrimado todas las documentales, título de propiedad y sentencia de mensura del 2019, donde se aclaran perfectamente los límites de la finca y la inexistencia de excedentes. Los organismos de investigación y seguridad son totalmente inoperantes ante un hecho de notoria flagrancia y los daños ambientales y patrimoniales cada vez adquieren mayores proporciones”, expresó Rolando Amarilla, presidente de la sociedad dueña de la empresa.
El hombre dijo que ya no saben a quién recurrir y que si la Policía Nacional y la Fiscalía no les dan respuestas, seguirán estando “a merced de los delincuentes mal llamados sintierras”. Aseguró que la mayoría de las personas son de la zona y tienen sus lotes.
Por su parte, el abogado Diego Torales, asesor de la empresa, explicó que el pasado jueves debía realizarse el desalojo, porque la orden ya estaba lista, pero a última hora desde la Comandancia de la Policía Nacional suspendieron el procedimiento sin una razón justificada.
“Es una verdadera lástima que los verdaderos propietarios no puedan trabajar porque medio centenar de tipos invadieron una propiedad que cuenta con todos los documentos en regla presentados ante el Ministerio Público. Es inaceptable que se persiga a quien está produciendo, dando fuentes de trabajo a mucha gente y que un grupito se adueñe prácticamente de la propiedad, amedrentan, amenazan y están sacando madera de la reserva con la complacencia de la Policía y el Ministerio Publico”, expresó Torales.
Por último, dijo que están pidiendo ayuda a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para obtener una solución a este problema.
