Montos distintos, consignados en planillas de ejecución presupuestaria que la Municipalidad de Asunción dio a conocer a la ciudadanía, dejan un panorama poco claro sobre la cifra de ejecución del rubro 831 “Aporte a entidades con fines sociales o de emergencia nacional o municipal0, utilizado para compras Covid-19, según datos contrastados por Johanna Ortega.
Ortega, quien interpuso el pedido de transparencia, refiere que el director general de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, puntualizó que se utilizaron unos G. 16.605.460.800 en concepto de compras de emergencia y las adquisiciones Covid, pero en la planilla de ejecución presupuestaria hasta abril de 2020 se constata que el gasto por el rubro 831 fue de G. 5.934.541.000, que es la única planilla disponible en data pública en la página de la Comuna. Mientras que la del último cuatrimestre muestra una ejecución de G. 18.744.244.400, según la recopilación de datos que realizó Ortega.
En tanto, consta que el 20 de setiembre se solicitó una reprogramación presupuestaria para ampliar el rubro con una inyección de unos G. 4.500.000.000, resaltando que hasta la fecha se llevó una ejecución del 99,3% del presupuesto asignado, que fue de G. 14.000.000.000.
Se constata que las cifras publicadas no coinciden y existen desfasajes entre las distintas planillas, asegura Ortega.
PRÓRROGAS, APELACIONES
Tras cuatro meses de vueltas, pedidos de revisión y apelaciones, la Comuna de Asunción cumplió en parte con el pedido de información pública de las compras realizadas de marzo a diciembre del 2020. En la fecha, Johanna Ortega presentará el pedido de urgimiento por desacato. La Intendencia, por los mismos documentos, también solicitó prórroga a la Contraloría General de la República, cuyo nuevo plazo vence este viernes.
Según la cronología, desde el pedido, la Intendencia interpuso varios recursos antes de transparentar sus operaciones.
El 16 de julio, Ortega presentó la solicitud de acceso a la información pidiendo detalle de gastos y contrataciones del 10 de marzo al 31 de diciembre de 2020. Copia de contratos con empresas para la compra de bienes e insumos con documentos respaldatorios para la contratación que demuestren idoneidad y solvencia. Copias de facturas, cheques o cualquier instrumento de pago.
El 6 de agosto venció el plazo de 15 días hábiles para la respuesta, establecido por la Ley 5282/14 “de Acceso a la Información Pública”. En setiembre, el 1 se presenta el amparo constitucional contra la Municipal de Asunción, llevado adelante por la jueza Marcela Fernández. El 6 se notifica a la Comuna con plazo de tres días hábiles para la entrega. El 9, el Municipio responde haciendo referencia a un documento en Excel, en el que niega la posibilidad de publicar cheques o instrumentos de pago cuestionando la validez de la solicitud de Ortega, por ser candidata a la intendencia y solicita que se rechace la demanda.
El 11, la jueza Fernández da a lugar al amparo, emplaza por 10 días hábiles a la Intendencia y establece que la entrega sea de forma personal y a través del sitio web institucional. El 15 se notifica al Municipio y se inicia el plazo. El 17, la Municipalidad solicita un pedido de aclaratoria a la jueza. Además en el mismo día interpone un recurso de apelación contra la sentencia y solicitan la revocación.
El 25 se responde al recurso de apelación. El 28 se concede el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad contra la sentencia definitiva sin efecto suspensivo y se asigna la causa al tribunal de apelación de primera instancia. El 30 vence el plazo de los 10 días hábiles establecidos en la sentencia. En octubre, el 1, Ortega comunica el incumplimiento de la sentencia definitiva y solicita que se comunique al Ministerio Público para iniciar las investigaciones por desacato. El 5 se dan a conocer los documentos parciales.