“Faltan 75.000 dólares de los 150.000 que se habían presupuestado y aprobado hace ya dos años”, dijo a Efe Goiburu, un médico que perdió a su padre durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), de cuyo fin se cumplen 25 años el próximo lunes, 3 de febrero.
Según explicó el investigador, el ministro de Hacienda de la anterior administración, Manuel Ferreira, dijo ante la prensa que la suma total aprobada por el Congreso fue depositada en la Defensoría del Pueblo.
“Después dijo que no sabían qué había pasado con el dinero y se optó por crear la Dirección de Reparación para que gestione una nueva partida de recursos, la mitad de ellos se hicieron efectivos el último día de gestión del presidente liberal, Federico Franco”, el pasado agosto, añadió.
Los otros 75.000 dólares aún no han sido depositados por el Estado, lo que impide la continuación de los trabajos de identificación de los 27 esqueletos hallados.
El dinero que Goiburu reclama es para pagar al equipo forense argentino que realizará los exámenes de ADN para identificar los cuerpos.
“Cuando pedimos esa suma habíamos rescatado restos óseos de 20 personas, ahora ya llevamos 27", explicó.
La Comisión de Justicia y Verdad comprobó la existencia de 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura de Stroessner y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de torturas.
El defensor del Pueblo, Manuel Paéz Monges, negó que los fondos se hayan extraviado de sus arcas y acusó al Ejecutivo de establecer un tope de gasto que no le permitió usar los recursos, en una entrevista publicada hoy por el diario Última Hora.
Acusó al exministro de Hacienda de ser el responsable de esa reducción y a Goiburu de “manipular la información”.
Los crímenes cometidos durante el régimen de Stroessner en Paraguay siguen impunes en vísperas de los 25 años de su caída porque, según representantes de las víctimas, los sectores políticos y económicos que se beneficiaron con la dictadura siguen en el poder.
Al contrario que en otros países del Cono Sur, en Paraguay nunca hubo una ley de amnistía, al tiempo que los abusos están muy bien documentados gracias a más de dos mil testimonios y a tres toneladas de archivos oficiales que detallan violaciones de los derechos humanos en su territorio y en naciones vecinas.
Ante la falta de avance en su país, trece paraguayos víctimas de la dictadura interpusieron hace tres meses una querella en Argentina, a raíz de la cual el magistrado exhortó a la Justicia paraguaya a que explique si investiga los hechos o no. Aún no ha habido respuesta.
