Silverio Martínez, abogado de Luis Alberto Barud –en este caso el propietario de las tierras y víctima–, en compañía del ex juez y legislador Tadeo Zarratea, afirmó que se trata de “un despojo político de facto de 2.802 hectáreas, ubicadas en Caaguazú, a un ciudadano paraguayo que cuenta con toda la documentación y título original legal de la propiedad”.
Mencionó que el responsable de esta acción es el ciudadano brasileño José Obvar Lopes. Aseveró que este tiene el respaldo de políticos poderosos como el caso de Cartes y del senador colorado Ovelar, según los que conocen la zona. Puntualizó que este es un proceso insólito debido a que la víctima denunciante no solo sufrió la pérdida de su propiedad legítima y legal, sino que también deberá pagar costas de USD 500.000 del juicio que el señalado como usurpador logró sacar a su favor, con respaldo fiscal y judicial, pese a no contar con el título legal”.
Martínez comentó que su cliente heredó de su padre Jorge Barud la finca N° 937 del distrito Mariscal Francisco Solano López, Departamento de Caaguazú.
Relató que todo ocurrió mientras su cliente estuvo fuera del país. “Cuando regresó ya encontró el portón con candado y un guardia de seguridad le llegó a apuntar con un arma. Este calvario empezó en abril del año 2012”, indicó.
Añadió que el responsable de “usurpar y apropiarse del inmueble” fue el nombrado ciudadano brasileño Obvar Lopes, quien desde ese tiempo “empezó a explotar las tierras con cultivos”.
El abogado apuntó que, llamativamente, ninguna denuncia de su cliente, como el de invasión de inmueble ajeno ni el de reivindicación, prosperó debido a la inacción fiscal y judicial interviniente, pese al documento de propiedad registrado. Dijo que ahora hasta tiene que pagar más de 500.000 dólares de costas por el juicio.
Refirió que López llegó, inclusive, a echar un puente sobre un arroyo para evitar que llegue una comitiva judicial al terreno, acción que resultó determinante para que Barud pierda el juicio de reivindicación, según afirmó.
“Aquí se le dio la finca a una persona que invadió y no tenía ningún documento legal”, cuestionó. Sobre el punto, refirió que está retomando este caso a partir de una denuncia que compromete al brasileño que realizó la directora de Registros Públicos sobre falsificación de documentos de varias fincas de la zona.
Lamentó que el brasileño, pese a no asistir a dos citaciones a indagatoria, no haya sido imputado o, en su defecto, ordenado su detención. Anunció que van a luchar hasta que “se haga justicia”.
